Carlos Pereira propone dar participación a los jubilados en el directorio de Ueno Bank para fortalecer el acceso a información y el control sobre los recursos. Derlis León adelantó su rechazo y, según la información recibida, no habría atendido al exconsejero pese a haberlo convocado.

La propuesta del exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, merece una discusión seria por un aspecto central: plantea que los jubilados organizados tengan participación en las decisiones y acceso directo a información sobre el funcionamiento de Ueno Bank, mediante representantes en su directorio.

La iniciativa contempla una participación accionaria financiada con recursos del fondo de autoseguro. Según sostiene Pereira, se trata de dinero originado en retenciones a los tomadores de préstamos, administrado por la previsional y separado de sus recursos propios. La titularidad jurídica y las condiciones para disponer de ese fondo deben esclarecerse como parte de la evaluación.

El objetivo de dar mayor protagonismo a los jubilados resulta atendible. Quienes tienen intereses comprometidos en esos recursos merecen información comprensible, mecanismos de fiscalización y una participación efectiva en las decisiones que puedan afectarlos.

Convocó a Pereira, pero no lo habría recibido

El presidente del IPS, Derlis León, adelantó que la propuesta sería rechazada por recomendación de sus equipos técnicos. Al mismo tiempo, convocó a Pereira para que expusiera sus fundamentos.

Sin embargo, según la información recibida para esta publicación, Pereira acudió en el horario fijado y León no lo habría recibido. De confirmarse esa situación, el titular de la previsional deberá explicar por qué convocó al autor de una iniciativa cuya exposición finalmente no escuchó.

El cuestionamiento es concreto: León anticipó una posición contraria antes de escuchar personalmente los fundamentos de Pereira y habría desaprovechado la reunión que él mismo promovió para conocerlos.

Una evaluación técnica preliminar puede justificar objeciones. Pero la conducción institucional también exige escuchar, contrastar argumentos y explicar las decisiones, especialmente cuando están involucrados recursos vinculados a los jubilados.

Un rechazo que necesita fundamentos públicos

La postura anticipada de León abre una pregunta sobre la disposición real del IPS a debatir alternativas. Si la decisión ya estaba tomada, corresponde aclarar qué finalidad tenía la convocatoria y qué posibilidades existían de considerar los argumentos del exconsejero.

No existen elementos acreditados para afirmar que León recibió una “orden de arriba”. Lo que sí corresponde exigir es que identifique los fundamentos técnicos de su posición y explique cómo se adoptó la decisión.

La propuesta de Pereira tampoco debe aprobarse sin una evaluación rigurosa. Transformar recursos de un fondo de cobertura en acciones bancarias implica riesgos que deben examinarse, y tener representantes en el directorio no garantiza por sí solo la protección del capital.

Pero esas exigencias hacen más necesario el debate. Si León rechaza el mecanismo propuesto, debe explicar sus razones y ofrecer alternativas para mejorar la información y el control de los jubilados sobre los fondos administrados.

La confianza no se recupera cerrando una discusión antes de escucharla. Se construye con argumentos públicos, rendición de cuentas y respeto a quienes reclaman saber qué ocurre con sus recursos.