“Yo puedo ser un buen pillo”, dijo el expresidente que hoy cuestiona la codicia de otros políticos. Su discurso sobre los valores choca con una trayectoria marcada por denuncias, cuestionamientos patrimoniales y reclamos de transparencia.

Nicanor Duarte Frutos habla del amor al dinero como si su propia relación con el poder no mereciera preguntas. Cita la Biblia, reflexiona sobre la infancia de Santiago Peña y explica que los valores se aprenden en casa. Pero cuando le toca describirse, encuentra una fórmula bastante más indulgente: “Yo puedo ser un buen pillo”.

Para los demás, codicia. Para él, picardía. Una vara demasiado conveniente para quien pretende impartir lecciones de moral pública.

La frase no constituye una confesión de delito. Sí revela una ligereza preocupante: en la administración del dinero ciudadano, ser “pillo” no debería presentarse como una cualidad simpática.

Duarte Frutos fue ministro de Educación, presidente de la República, embajador y director paraguayo de Yacyretá. Tuvo poder, presupuesto y responsabilidades. También acumuló cuestionamientos que no desaparecen porque hoy señale a otro.

Su evolución patrimonial es uno de ellos. Las declaraciones juradas divulgadas en 2020 registraron un patrimonio neto aproximado de G. 1.586 millones en 2003, G. 2.729 millones al concluir su Presidencia y G. 7.789 millones en 2016. El crecimiento no prueba por sí mismo un delito, pero exige explicaciones y vuelve especialmente incómodo su sermón contra el afán de acumulación.

El excontralor Octavio Airaldi cuestionó públicamente la correspondencia entre sus ingresos y los bienes acumulados. Sostuvo que las inconsistencias fueron remitidas a la Fiscalía y criticó la falta de resultados. Nicanor, por su parte, ha defendido su patrimonio y recordado decisiones judiciales favorables.

Una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito fue desestimada en enero de 2019, a pedido del Ministerio Público. Ese desenlace debe consignarse. Una desestimación judicial tampoco obliga a la ciudadanía a entregarle un diploma de ejemplaridad política.

Los cuestionamientos alcanzaron además su administración en Yacyretá. El entonces senador Blas Llano denunció una supuesta “repartija” de fondos sociales a favor de organizaciones, periodistas y correligionarios. También hubo denuncias públicas sobre contrataciones y presunto favorecimiento a familiares.

En 2021, una jueza remitió antecedentes al Ministerio Público por un supuesto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la entrega de información sobre gastos sociales y publicidad de la binacional. Son señalamientos y actuaciones que deben distinguirse de una condena, pero que forman parte de su gestión y merecen respuestas.

Resulta difícil posar de maestro de ética cuando la transparencia de la propia administración también fue motivo de reclamos.

Nicanor prefiere hablar de la casa donde otros aprendieron sus valores. Sin embargo, la discusión pública debe centrarse en lo que cada gobernante hizo desde su despacho: cómo administró, qué autorizó y cómo respondió cuando le exigieron cuentas.

También relató que pidió a Dios regresar con su familia después de ejercer la Presidencia. Es una experiencia personal respetable. Pero volver a casa no equivale a justificar un patrimonio. Compartir con los nietos no responde preguntas sobre fondos públicos.

La fe merece respeto. La gestión pública exige documentos, controles y explicaciones.

Nicanor tiene derecho a cuestionar a Peña. Lo que no puede reclamar es memoria implacable para los demás y olvido generoso para sí mismo.

Antes de explicar la codicia ajena, podría empezar por una autocrítica propia. Porque citar la Biblia es fácil; rendir cuentas sin evasivas exige bastante más.