ASUNCIÓN. — Un nuevo episodio de tensión y violencia sacudió este sábado al Mercado Municipal N.º 4, donde una comerciante volvió a ser denunciada por sus propios pares tras utilizar presuntas influencias políticas y nombrar directamente a la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, como respaldo para ocupar de forma irregular el espacio público y agredir verbalmente tanto a trabajadores como a fiscalizadores municipales.

El incidente tuvo como protagonista a Lourdes Gamarra, propietaria de la zapatería «Manal», quien además se presenta como presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado 4. Según el testimonio de varios permisionarios de la zona, el conflicto se desató cuando los vendedores le reclamaron por la obstrucción casi total de la vereda con mercaderías y mobiliario metálico en mal estado, una situación que no solo bloqueaba el paso de los clientes, sino que representaba un riesgo físico para los peatones.

Lejos de rectificar su postura, Gamarra reaccionó de manera violenta y a los gritos contra sus colegas, lo que obligó a la intervención de funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, lejos de acatar las disposiciones comunales, la comerciante repelió a los inspectores con improperios y amenazas.

De acuerdo con los testigos presenciales, durante el altercado Gamarra sostuvo en reiteradas ocasiones que en ese sector «hace lo que quiere» y que tiene permiso para actuar como «se le cante», amparándose en una supuesta «línea directa» con la intendenta Soledad Núñez. Esta invocación a la máxima autoridad municipal fue utilizada por la mujer para intentar intimidar tanto a los funcionarios intervinientes como a los demás trabajadores del centro comercial.

Antecedentes de violencia

El hecho generó una fuerte indignación entre los permisionarios del Mercado 4, quienes cuestionan que una persona que dice representar al gremio utilice el nombre de las autoridades comunales como escudo para atropellar las normativas de convivencia y seguridad.

Asimismo, trascendió que la comerciante ya cuenta con antecedentes y denuncias formales por agresión contra otros vendedores radicadas en la comisaría jurisdiccional, además de señalamientos previos por la comercialización de mercaderías en estado deteriorado. Los trabajadores afectados exigen a la administración municipal que tome cartas en el asunto y desmienta o frene este tipo de abusos cometidos en nombre de la Intendencia.