OPINIÓN| Por Marc Ostfield
El colapso del banco Ueno de Paraguay ya se ha cobrado una de las víctimas políticas más importantes de la historia reciente de América Latina: el presidente Santiago Peña, quien renunció y posteriormente fue sometido a juicio político e imputado, en medio de las crecientes repercusiones políticas del escándalo.
En un primer nivel, esta es la historia de un banco con estrechos vínculos políticos, presuntas irregularidades financieras y acusaciones de que las élites políticas y financieras de Paraguay habían llegado a estar demasiado entrelazadas como para permitir una supervisión independiente. La controversia no giraba únicamente en torno a la actuación de los organismos reguladores, sino también a si las poderosas relaciones políticas habían creado un entorno en el que se toleraban los conflictos de intereses.
En un sentido más amplio, esta es una historia sobre la fragilidad de las democracias en las que el poder se ejerce menos a través de las instituciones que mediante redes clientelares y figuras políticas que deciden quién gobierna. Este no es un problema exclusivo de Paraguay. Es una cuestión que enfrentan las democracias de todo el mundo, incluido Estados Unidos.
Durante años, Peña cultivó la imagen de un tecnócrata moderno y un activo promotor internacional de Paraguay. Sin embargo, muchos paraguayos lo veían menos como un líder independiente que como la cara visible de un sistema cuyo verdadero centro de poder seguía siendo el expresidente Horacio Cartes, figura dominante del gobernante Partido Colorado. La sátira política paraguaya representaba con frecuencia a Peña como una marioneta cuyos hilos manejaba Cartes.
La crisis bancaria puso a prueba esa percepción. A medida que se ampliaban las investigaciones, altos ejecutivos fueron detenidos, el presidente del Banco Centralrenunció y aumentaron las presiones sobre Peña desde distintos sectores del espectro político paraguayo. Cuando Cartes se distanció públicamente de Peña, la posición del presidente se volvió cada vez más insostenible. Finalmente, Peña renunció, fue sometido a juicio político y posteriormente imputado a medida que se extendía el escándalo. La rapidez y la magnitud del derrumbe reforzaron lo que muchos paraguayos sospechaban desde hacía tiempo: la Presidencia era menos independiente de lo que aparentaba.
Es poco probable que la caída de Peña satisfaga a muchos paraguayos. Millones de personas dependían de Ueno para cobrar sus salarios, guardar sus ahorros y realizar sus transacciones cotidianas, y la incertidumbre sobre el acceso a su dinero se ha convertido en una crisis personal y económica. Entretanto, Cartes sigue siendo la figura política más influyente de Paraguay. Aunque la administración Trump levantó las sanciones estadounidenses en su contra en 2025, Washington nunca se ha retractado públicamente de su anterior designación de Cartes como implicado en «corrupción significativa». Paraguay enfrenta ahora una paradoja: el sistema político sometido a escrutinio ha terminado por devorar a su dirigente más visible, mientras muchas de sus estructuras de poder subyacentes permanecen intactas.
La verdadera línea divisoria que ha puesto al descubierto el caso Ueno no separa a la izquierda de la derecha. Separa a los sistemas en los que las instituciones gobiernan a los poderosos de aquellos en los que los poderosos gobiernan las instituciones. La crisis paraguaya es, en última instancia, una advertencia sobre lo que ocurre cuando se invierte ese equilibrio.
Durante años, Paraguay fue presentado como una de las economías más estables y favorables a la inversión de América del Sur, una reputación sustentada en fortalezas económicas reales.
Sin embargo, detrás de esas fortalezas se escondían debilidades bien conocidas: corrupción, instituciones débiles, infraestructura envejecida, problemas recurrentes en el suministro eléctrico y una larga trayectoria como centro de lavado de dinero, contrabando, narcotráfico y crimen organizado transnacional.
Estas realidades no eran precisamente desconocidas. Lo que Peña ofrecía al mundo no era una imagen falsa de Paraguay, sino una imagen incompleta. Como enérgico promotor de la inversión y el desarrollo, destacaba las fortalezas del país, mientras que sus esfuerzos por enfrentar las debilidades resultaban menos exitosos. Ese podría ser el legado perdurable del escándalo de Ueno: haber puesto de manifiesto la distancia entre el Paraguay que Peña promocionaba en el exterior y el Paraguay que muchos paraguayos experimentaban a diario.
Los sistemas clientelares pueden aparentar estabilidad hasta que una crisis revela su dependencia de unos pocos actores poderosos. Sustituyen la solidez institucional por la influencia personal, al tiempo que convencen a ciudadanos, inversionistas y gobiernos extranjeros de que ambas cosas son equivalentes.
La lección trasciende las fronteras de Paraguay. Los debates estadounidenses sobre la influencia política de los multimillonarios reflejan una cuestión más amplia que enfrentan las democracias de todo el mundo: ¿son las instituciones lo suficientemente sólidas como para poner límites a la concentración de la riqueza y el poder? Las democracias se ven amenazadas cuando la riqueza se convierte en poder, el poder protege la riqueza y ambos se concentran hasta tal punto que las instituciones públicas dejan de funcionar con independencia de quienes las dominan. El resultado no es simplemente corrupción. Es impunidad.
El escándalo de Ueno no creó ese problema en Paraguay. Lo puso al descubierto. La pregunta ahora es si Paraguay se conformará con la caída de un presidente o exigirá algo más difícil y duradero: instituciones lo suficientemente sólidas como para exigir responsabilidades incluso a las figuras más poderosas.
Marc Ostfield fue embajador de Estados Unidos en Paraguay entre 2022 y 2025 y actualmente es decano de la Escuela Colin Powell de Liderazgo Cívico y Global del City College de Nueva York.
Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las de su autor.