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Asunción
Mié 18 noviembre 2026

Grupo Vázquez se quedó con 71 lotes municipales en dos años

Documentos internos del conglomerado empresarial revelan desembolsos por G. 1.137 millones a un intermediario para gestionar propiedades municipales, incluyendo un supuesto pago relacionado con un “veto” administrativo. Las operaciones alcanzan a 71 inmuebles en Asunción y ponen bajo cuestionamiento actuaciones registradas durante la administración del exintendente Luis Bello (ANR-HC).

La investigación sobre las operaciones del Grupo Vázquez incorpora un nuevo capítulo que compromete el manejo de propiedades municipales de Asunción. Documentaciones internas revelan que el conglomerado movilizó G. 9.676 millones para acceder a 71 inmuebles municipales en un período de dos años, mientras familias del barrio La Piedad denunciaban dificultades para titular las viviendas que ocupan desde hace décadas.

El caso adquiere especial relevancia por la aparición de correos electrónicos, recibos y solicitudes de desembolsos en efectivo destinados a un gestor particular, cuyas intervenciones aparecen relacionadas con procedimientos administrativos de la Municipalidad de Asunción.

Los documentos, que según la información divulgada ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, permiten reconstruir una serie de operaciones vinculadas con inmuebles municipales, algunos de ellos situados en la zona que los vecinos denominan “barrio Ueno”.

MÁS DE 800 INMUEBLES EN TRES AÑOS

La gerente del Registro Unificado Nacional, Lourdes González, estimó que el Grupo Vázquez acumuló más de 800 inmuebles durante los últimos tres años.

La funcionaria señaló que la cifra podría superar las 1.000 propiedades conforme continúen las investigaciones y se identifiquen otros bienes relacionados con el conglomerado.

De acuerdo con los documentos internos conocidos, al menos 71 de esos inmuebles corresponden a propiedades municipales y aproximadamente una docena se encuentra en el barrio La Piedad.

Precisamente en ese sector de Asunción, los pobladores vienen denunciando presiones para vender sus viviendas, amenazas de desalojo y obstáculos administrativos que dificultan la obtención de títulos de propiedad.

Algunos vecinos también denunciaron la presunta utilización de prestanombres como mecanismo para facilitar el traspaso de terrenos a terceros.

G. 1.137 MILLONES PARA UN INTERMEDIARIO

Uno de los aspectos más llamativos de la documentación es la identificación de pagos por un total de G. 1.137 millones a Gustavo Rojas Vera, quien aparece como gestor de operaciones relacionadas con inmuebles.

Los registros incluyen solicitudes de extracción de dinero en efectivo, recibos y facturas emitidas a nombre propio o mediante una empresa denominada Las Reinas.

Rojas Vera fue identificado por vecinos de La Piedad como un supuesto militar retirado que actuaba de intermediario en negociaciones por propiedades.

Según las denuncias vecinales, el hombre habría ejercido presiones para conseguir que los ocupantes vendieran sus viviendas en operaciones vinculadas con el Grupo Vázquez.

Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

¿G. 200 MILLONES PARA CONSEGUIR UN VETO?

Entre los correos internos aparece una solicitud de desembolso de G. 200 millones, vinculada expresamente con el concepto de “veto de la reconsideración presentada por la contraparte”.

La referencia corresponde a la cuenta corriente catastral 15-1023-55.

El documento señala que el dinero debía entregarse a Gustavo Rojas, quien firmaría el recibo correspondiente.

La documentación incluye además el Mensaje N.º 360/26, del 11 de agosto de 2026, mediante el cual el entonces intendente Luis Bello remitió a la Junta Municipal un recurso de reconsideración.

La existencia del desembolso y su vinculación documental con una gestión administrativa plantean interrogantes sobre la finalidad del pago y sobre quiénes habrían intervenido en el procedimiento.

Sin embargo, los documentos descritos no demuestran por sí solos que el dinero haya sido entregado a una autoridad municipal ni que se haya producido un acto de corrupción.

OTROS G. 100 MILLONES Y UNA DECISIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL

Un segundo correo interno menciona un desembolso de G. 100 millones para avanzar con una gestión inmobiliaria que debía pasar a la Intendencia para la firma de la orden de escrituración.

El recibo correspondiente fue emitido el 9 de octubre de 2026.

Un día antes, el 8 de octubre, la Junta Municipal había rechazado un pedido de reconsideración presentado por el ciudadano Juan José Godoy, quien cuestionaba el intento de un tercero, representado por Rojas, de titular el terreno donde su familia reside desde hace más de 20 años.

El poblador manifestó que se encontraba a la espera de una resolución sobre una nueva reconsideración presentada.

La proximidad entre ambas fechas constituye otro elemento relevante para establecer si existió alguna relación entre las gestiones económicas y las decisiones administrativas.

PAGOS EN EFECTIVO Y TRÁMITES RETENIDOS

La documentación también contiene un recibo del 8 de septiembre de 2025 por G. 160 millones.

El monto estaba relacionado con gestiones para dos inmuebles cuyos expedientes, según las comunicaciones internas, se encontraban detenidos en una dependencia técnica vinculada con Agrimensura y Geodesia.

Otro expediente hace referencia a una propiedad municipal de Santísima Trinidad, identificada como una vivienda desocupada que sería demolida.

En esa operación se menciona un valor estimado de G. 650 millones y un desembolso inicial de G. 300 millones, realizado el 13 de octubre de 2025.

El saldo debía abonarse contra la entrega de una resolución de la Junta Municipal que permitiera avanzar con la titulación.

Los correos señalaban expresamente que los pagos se realizaban en efectivo.

¿PODÍA EL GRUPO VÁZQUEZ COMPRAR TERRENOS MUNICIPALES DE CARÁCTER SOCIAL?

La situación también genera cuestionamientos desde el punto de vista jurídico.

El entonces director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, había explicado que las empresas privadas no podían acceder directamente a terrenos municipales destinados a fines sociales, debido a los requisitos establecidos para su adjudicación.

Entre esos requisitos figura que los beneficiarios no sean propietarios de otros inmuebles.

Por su parte, el exconcejal Humberto Blasco había advertido que los beneficiarios no podían comercializar los terrenos durante un plazo mínimo de cinco años posterior a su titulación.

Estos antecedentes plantean la necesidad de verificar si los inmuebles fueron adjudicados a personas que reunían las condiciones legales y si posteriormente fueron transferidos a empresas del Grupo Vázquez respetando las restricciones correspondientes.

LA ADMINISTRACIÓN DE LUIS BELLO, BAJO CUESTIONAMIENTOS

Las operaciones documentadas incluyen actuaciones administrativas correspondientes al período en que Luis Bello ejerció la Intendencia de Asunción.

La aparición de desembolsos privados vinculados con expedientes municipales y resoluciones de la Junta obliga a esclarecer cómo fueron tramitadas las solicitudes y si se respetaron los procedimientos legales.

También será necesario determinar si funcionarios municipales participaron en eventuales irregularidades o si los pagos correspondieron exclusivamente a servicios privados de intermediación.

Hasta el momento, la documentación expuesta no permite atribuir responsabilidad penal directa al exintendente ni a otros funcionarios.

EL CONTRASTE: FAMILIAS SIN TÍTULOS Y UN GRUPO CON CENTENARES DE PROPIEDADES

Mientras el Grupo Vázquez acumulaba una considerable cantidad de inmuebles, familias de La Piedad denunciaban que seguían sin conseguir los títulos de las viviendas que ocupan desde hace décadas.

Ese contraste constituye uno de los puntos centrales de la controversia: terrenos municipales concebidos para cumplir una finalidad social terminaron, según la documentación conocida, incorporados mediante distintas operaciones a un importante conglomerado empresarial.

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