La Orden de Abogados de San Lorenzo, presidida por el abogado Damián Javier Ríos Franco, emitió un contundente comunicado en el que exige investigaciones urgentes, medidas cautelares contra los responsables de la crisis de Ueno Bank y la renuncia de las autoridades involucradas. La organización también reclama la devolución de los depósitos a los ahorristas y cuestiona la colocación de cerca de USD 380 millones de fondos jubilatorios del IPS en la entidad bancaria.
La Orden de Abogados de San Lorenzo se pronunció sobre la crisis financiera de Ueno Bank y reclamó una respuesta inmediata de las instituciones del Estado para proteger a los miles de paraguayos afectados por el procedimiento de resolución iniciado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Mediante un comunicado fechado el 3 de noviembre de 2026, el gremio, presidido por el abogado Damián Javier Ríos Franco, cuestionó las consecuencias de la crisis y exigió que se investiguen las actuaciones de los directivos bancarios, organismos de control y autoridades estatales.
“Los ahorristas no deben pagar por errores que no cometieron”, expresa el documento, al recordar que miles de familias, trabajadores y pequeñas empresas depositaron sus recursos en una entidad autorizada y supervisada por el Estado.
EXIGEN INVESTIGACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES
La organización solicitó al Ministerio Público iniciar con carácter urgente las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por los hechos que llevaron a Ueno Bank a su situación actual.
Asimismo, reclamó que la Fiscalía solicite al Juzgado Penal de Garantías medidas cautelares sobre los bienes de las personas investigadas, además de restricciones de salida del país cuando correspondan legalmente.
El pronunciamiento pide investigar, sin excepciones, a los directivos de Ueno Bank, funcionarios y autoridades del Banco Central del Paraguay, la Superintendencia de Bancos, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Poder Ejecutivo.
La agrupación sostiene que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
CUESTIONAN LOS USD 380 MILLONES DEL IPS
Uno de los puntos más fuertes del comunicado está relacionado con los recursos jubilatorios administrados por el Instituto de Previsión Social.
Según la Orden de Abogados, las autoridades del IPS colocaron cerca de USD 380 millones de fondos jubilatorios en Ueno Bank, situación que consideran suficientemente grave como para exigir explicaciones y responsabilidades.
En ese sentido, la organización solicitó la renuncia de las autoridades que resulten responsables, particularmente de aquellas vinculadas a las decisiones de inversión de los recursos previsionales.
El gremio subrayó la importancia de proteger los fondos pertenecientes a miles de trabajadores que aportaron durante su vida laboral para asegurar su jubilación.
PIDEN AL CONGRESO INTERVENIR Y CONTROLAR
La Orden de Abogados de San Lorenzo también instó al Congreso Nacional a ejercer sus atribuciones constitucionales de control.
Entre las medidas reclamadas figuran pedidos de informes, citaciones e interpelaciones a las autoridades involucradas y la conformación de una comisión especial de investigación.
El objetivo, según el comunicado, es esclarecer las decisiones que condujeron a la crisis, establecer eventuales responsabilidades y garantizar transparencia en todo el proceso.
DEVOLUCIÓN DE AHORROS Y GARANTÍAS PARA LOS DEPOSITANTES
La organización exigió que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con la cobertura establecida por ley dentro de los plazos correspondientes.
Además, solicitó al BCP publicar un cronograma claro, verificable y por escrito para la devolución del dinero.
Para los depósitos que superen la cobertura legal, reclamó la utilización de todos los mecanismos permitidos por la legislación, con la máxima transparencia.
El gremio advirtió que el Gobierno no puede desatender a quienes necesitan sus salarios, ahorros y transferencias bancarias para cubrir sus necesidades cotidianas.