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Vie 20 noviembre 2026

ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE CARLOS GIMÉNEZ: GRAVES IRREGULARIDADES EN PROMAFI Y DENUNCIAS DE DESCALIFICACIÓN DE PARAGUAY POR EL FIDA

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), encabezado por Carlos Giménez, enfrenta serios cuestionamientos por la ejecución y el cierre financiero del proyecto PROMAFI. El organismo internacional documentó gastos no elegibles, millonarios recursos sin ejecutar y demoras en la devolución de fondos. Una denuncia señala que Paraguay habría sido declarado no elegible por el FIDA, situación que todavía requiere confirmación oficial.

Lo que debía ser un proyecto destinado a mejorar las condiciones de vida de miles de familias campesinas e indígenas del Paraguay terminó envuelto en cuestionamientos administrativos y financieros que comprometen la necesidad de transparencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), actualmente encabezado por Carlos Giménez.

El Proyecto de Mejoramiento de Ingresos de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (PROMAFI), ejecutado a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), recibió financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de las Naciones Unidas.

Sin embargo, los documentos oficiales del financiador internacional revelan problemas que van desde la baja ejecución presupuestaria hasta gastos considerados no elegibles, retrasos en auditorías y demoras en la devolución de recursos.

A este escenario se suma una denuncia recibida por Canal-E, según la cual el Ministerio de Agricultura habría quedado incluido en una lista de instituciones no elegibles del FIDA, una situación que, de confirmarse oficialmente, plantearía serios interrogantes sobre las consecuencias para la cooperación internacional destinada al sector rural paraguayo.

Hasta el momento, no se dispone de una resolución pública que permita acreditar esa presunta sanción internacional.

MILLONARIO PRÉSTAMO INTERNACIONAL QUE PARAGUAY NO LOGRÓ APROVECHAR COMPLETAMENTE

PROMAFI fue concebido para beneficiar a organizaciones campesinas y comunidades indígenas de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú y Canindeyú, mediante inversiones productivas, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de comercialización.

El financiamiento fue aprobado mediante la Ley N.º 6215/2018, que autorizó un préstamo de hasta 15,8 millones de euros y una donación equivalente a 3,65 millones de derechos especiales de giro.

Los recursos debían traducirse en mayores oportunidades económicas para pequeños productores, precisamente uno de los sectores más necesitados de asistencia estatal.

Pero el proyecto sufrió importantes retrasos.

La propia documentación del FIDA revela que, durante 2023, Paraguay solicitó cancelar aproximadamente US$ 8,4 millones del financiamiento original, ante la imposibilidad de utilizar esos recursos dentro del plazo previsto.

El organismo internacional aceptó la reducción y se procedió a reestructurar el proyecto y sus metas.

La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo se explica que un país con enormes necesidades en agricultura familiar no haya podido ejecutar millones de dólares destinados precisamente a ese sector?

El informe final registra una ejecución global del 88,5% respecto al presupuesto reajustado. Sin embargo, la reducción previa del financiamiento obliga a diferenciar ese porcentaje de la ejecución sobre los recursos originalmente previstos.

El FIDA ya había advertido, en su nota estratégica de 2024, sobre el desempeño deficitario de los proyectos ejecutados en Paraguay, incluyendo las dificultades de gestión, burocracia y retrasos de PROMAFI.

EL FIDA DOCUMENTÓ GASTOS NO ELEGIBLES Y DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES

Uno de los puntos más delicados aparece en el informe final de PROMAFI, publicado en febrero de 2026.

En ese documento, el organismo financiador consignó observaciones relacionadas con el manejo financiero y administrativo, entre ellas gastos no elegibles, demoras en la presentación de documentación, retrasos en auditorías y problemas para concretar la devolución de saldos.

También se identificaron debilidades en los procedimientos de contratación y riesgos asociados a posibles prácticas de corrupción y colusión.

Se trata de observaciones que requieren respuestas documentadas de las autoridades nacionales.

Los gastos no elegibles son erogaciones que no cumplen las condiciones establecidas por el organismo financiador para ser reconocidas con cargo al préstamo o a la donación.

Por lo tanto, resulta indispensable conocer cuáles fueron esos gastos, quiénes los autorizaron, a qué proveedores o beneficiarios correspondieron y qué recursos se utilizaron finalmente para cubrirlos.

La existencia de observaciones financieras no demuestra por sí sola la comisión de hechos punibles, pero sí exige determinar eventuales responsabilidades administrativas, presupuestarias o patrimoniales.

DINCAP Y LOS FONDOS QUE HABRÍAN SIDO UTILIZADOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE PROMAFI

La información que llegó a Canal-E incorpora otra denuncia que merece una investigación específica.

Según los datos proporcionados a nuestro medio, recursos administrados por DINCAP habrían sido utilizados para atender determinadas obligaciones de PROMAFI, bajo la expectativa de que posteriormente fueran reembolsados por el FIDA.

Siempre de acuerdo con esta versión, esos reembolsos no se habrían concretado en los términos esperados, lo que habría generado dificultades para reponer los recursos utilizados.

Estas afirmaciones todavía requieren respaldo mediante documentos contables, órdenes de transferencia, extractos bancarios y comunicaciones oficiales del organismo internacional.

De confirmarse la utilización de fondos correspondientes a otros proyectos, será necesario establecer si existían autorizaciones legales y presupuestarias para efectuar tales movimientos.

También deberá determinarse si los recursos fueron reintegrados, si quedaron obligaciones pendientes y si se produjo algún perjuicio económico para el Estado.

La administración de fondos internacionales exige trazabilidad, controles y una rendición de cuentas que permita reconstruir cada operación.

La pregunta central es quién autorizó los desembolsos observados y con qué recursos fueron finalmente cubiertos.

¿PARAGUAY FUE DESCALIFICADO POR EL ORGANISMO INTERNACIONAL?

Este es uno de los puntos más sensibles de la investigación.

Una denuncia recibida por Canal-E sostiene que el Ministerio de Agricultura y Ganadería habría sido declarado no elegible por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, como consecuencia de situaciones relacionadas con la administración y el cierre financiero de PROMAFI.

No obstante, es necesario distinguir entre gastos declarados no elegibles y una sanción formal contra una institución.

El primer supuesto aparece documentado en las observaciones del proyecto. El segundo requiere una resolución, comunicación oficial o constancia verificable del organismo internacional.

Hasta ahora, Canal-E no cuenta con ese documento.

Por ese motivo, corresponde exigir al MAG y al FIDA que aclaren públicamente si existe alguna sanción, restricción administrativa, suspensión de desembolsos o impedimento para acceder a nuevas operaciones de financiamiento.

En caso de que la denuncia resulte cierta, las autoridades deberán explicar cuáles fueron las causas, desde cuándo se aplica la medida y qué acciones se adoptaron para revertirla.

La ciudadanía también tiene derecho a conocer si una eventual restricción podría afectar futuras inversiones destinadas a la agricultura familiar.

Una declaración formal de no elegibilidad no puede darse por acreditada sin documentación, pero tampoco deberían quedar sin respuesta los cuestionamientos sobre la situación del MAG ante el organismo financiador.

US$ 150.000 PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN EN LA ETAPA DE CIERRE

Otro elemento que merece atención es la situación de los recursos que debían ser devueltos al financiador internacional.

Los antecedentes examinados señalan que, durante la etapa de cierre, se identificaron saldos pendientes de reintegro por aproximadamente US$ 150.000.

De esa suma, unos US$ 80.000 correspondían a recursos de donación y US$ 70.000 a fondos vinculados al préstamo.

Estos montos fueron señalados en la etapa de cierre de 2025, por lo que no puede afirmarse, sin documentación actualizada, que continúen pendientes al 20 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el MAG, la DINCAP y el Ministerio de Economía y Finanzas deben presentar los comprobantes que acrediten las devoluciones y las conciliaciones correspondientes.

Si los recursos fueron reintegrados, corresponde informar cuándo, mediante qué operaciones y con cargo a cuáles cuentas.

En caso contrario, las autoridades tendrán que explicar por qué persisten obligaciones financieras vinculadas a un proyecto que ya concluyó sus actividades.

PROYECTO TERMINADO, PERO CON DUDAS SOBRE SU CIERRE FINANCIERO

PROMAFI tenía prevista la finalización de sus actividades para el 31 de diciembre de 2024 y el cierre de financiación para el 30 de junio de 2025.

Sin embargo, la información recibida por Canal-E sostiene que podrían existir dificultades relacionadas con el cierre financiero definitivo en los registros del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta versión todavía debe ser corroborada oficialmente.

La cuestión no es menor, porque la conclusión de las actividades de un proyecto no necesariamente equivale a la finalización de todas sus obligaciones financieras y contables.

Para despejar las dudas deben hacerse públicos el balance final, los saldos de las cuentas, los compromisos pendientes, las devoluciones efectuadas y las comunicaciones intercambiadas con el FIDA.

También corresponde conocer si existieron gastos rechazados por el financiador que finalmente debieron cubrirse con recursos del presupuesto nacional.

CONTRATACIONES MILLONARIAS QUE TAMBIÉN DEBEN SER EXAMINADAS

Los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas permiten identificar operaciones de importancia económica relacionadas con PROMAFI.

Entre ellas figura una adjudicación a la Federación de Cooperativas de Producción Limitada (FECOPROD) por aproximadamente G. 8.522 millones, destinada al acompañamiento de la implementación de planes del proyecto.

El registro contractual consigna pagos por alrededor de G. 4.200 millones.

La existencia de esta contratación no constituye evidencia de irregularidad de la empresa adjudicada.

No obstante, en el marco de las observaciones generales realizadas al proyecto, corresponde verificar el cumplimiento contractual, los trabajos realizados, las certificaciones de servicio, los desembolsos autorizados y los mecanismos de supervisión aplicados por el MAG.

La revisión también debería comprender las demás contrataciones y a los funcionarios responsables de autorizar pagos y aprobar rendiciones.

CARLOS GIMÉNEZ DEBE EXPLICAR QUÉ OCURRIÓ DURANTE SU GESTIÓN

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, se encuentra al frente de una institución cuya gestión debe responder a las observaciones que dejó PROMAFI.

Aunque el proyecto fue aprobado antes de su llegada al ministerio, una parte de su ejecución, reestructuración y cierre se desarrolló durante su administración.

Por lo tanto, corresponde conocer qué medidas adoptó su gestión frente a los cuestionamientos del FIDA y cuáles fueron los mecanismos establecidos para corregir las deficiencias.

Giménez asumió la titularidad del MAG en agosto de 2023 y fue ratificado en el cargo tras el cambio de Gobierno de noviembre de 2026.

Las observaciones sobre la administración del proyecto abarcan diferentes períodos, por lo que las responsabilidades deben determinarse individualmente y conforme a las funciones ejercidas por cada autoridad.

Sin embargo, la continuidad institucional obliga a la actual conducción del ministerio a proporcionar la información necesaria para esclarecer los hechos.

Resulta fundamental que el ministro explique si recibió informes sobre gastos no elegibles, si dispuso investigaciones administrativas, si se efectuaron los reintegros reclamados y cuál es la situación actual de la relación del MAG con el FIDA.

También debe aclarar si su administración recibió alguna comunicación relacionada con una supuesta declaración de no elegibilidad.

No se trata de atribuir responsabilidades penales sin pruebas, sino de exigir rendición de cuentas a quienes estuvieron y permanecen al frente de la administración pública.

LA CONTRALORÍA Y LA FISCALÍA DEBEN EXAMINAR LOS ANTECEDENTES

Las observaciones financieras y las denuncias relacionadas con el manejo de recursos justifican una revisión detallada de los antecedentes del proyecto por parte de los organismos de control.

La Contraloría General de la República debería determinar si las auditorías existentes permiten esclarecer la utilización de los recursos, las devoluciones pendientes y la regularidad de los procedimientos administrativos.

En caso de identificarse indicios concretos de hechos punibles, corresponderá ponerlos a conocimiento del Ministerio Público para que determine la apertura de las investigaciones pertinentes.

La eventual utilización irregular de fondos, la aprobación de gastos sin respaldo y cualquier perjuicio patrimonial deberán establecerse mediante documentación, pericias contables y la identificación de las personas responsables.

El objetivo debe ser esclarecer los hechos y, en su caso, recuperar los recursos que pudieran corresponder al Estado.

LOS CAMPESINOS E INDÍGENAS, EN EL CENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN QUE EXIGE RESPUESTAS

Detrás de los números y los informes financieros existe una realidad que no puede quedar relegada.

PROMAFI fue presentado como una oportunidad para mejorar los ingresos de familias campesinas e indígenas que dependen de la producción agrícola para subsistir.

Las demoras y la cancelación de una parte importante del financiamiento original plantean interrogantes sobre las inversiones y los beneficios que no llegaron a concretarse conforme a la planificación inicial.

Es necesario determinar cuántas organizaciones recibieron asistencia, qué inversiones fueron efectivamente realizadas y cuáles fueron los resultados productivos y económicos obtenidos.

El uso de recursos internacionales destinados a sectores vulnerables exige controles especialmente rigurosos, precisamente porque sus deficiencias pueden traducirse en oportunidades de desarrollo perdidas.

UN ESCÁNDALO ADMINISTRATIVO QUE REQUIERE RESPUESTAS DOCUMENTADAS

Las observaciones del FIDA sobre PROMAFI no pueden reducirse a una simple discusión burocrática.

Existen antecedentes documentados sobre retrasos, baja ejecución respecto de las previsiones originales, gastos no elegibles y dificultades en el cierre financiero.

A estos elementos se agregan denuncias que todavía deben verificarse sobre una supuesta descalificación internacional y posibles movimientos de fondos administrados por DINCAP.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo la conducción de Carlos Giménez, tiene la responsabilidad institucional de transparentar los antecedentes y esclarecer la situación.

El ministro debe explicar qué ocurrió durante la ejecución y el cierre del proyecto, qué medidas se adoptaron para subsanar las observaciones y si Paraguay enfrenta actualmente alguna restricción formal por parte del organismo internacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas también debe informar el estado definitivo de los compromisos financieros derivados de PROMAFI.

La pregunta de fondo es contundente: ¿cómo terminó un proyecto destinado a fortalecer la agricultura familiar paraguaya con millones de dólares del financiamiento original cancelados, gastos observados y cuestionamientos que ahora alcanzan a la administración del Ministerio de Agricultura?

Los documentos oficiales ya permiten identificar problemas concretos. Las denuncias adicionales requieren pruebas, pero merecen respuestas institucionales.

Paraguay necesita saber qué ocurrió con PROMAFI, quiénes tomaron las decisiones administrativas y si existe una sanción internacional que las autoridades todavía deben aclarar.

La rendición de cuentas no puede quedar pendiente cuando están involucrados recursos públicos, compromisos internacionales y las necesidades de miles de familias rurales.


Documentos de referencia: Ley N.º 6215/2018; Nota sobre la Estrategia del FIDA en Paraguay (2024); informes de supervisión y cierre del proyecto PROMAFI; registros de contrataciones públicas de la DNCP.

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