El exdirector de Gabinete de la Gobernación de Central, condenado a 10 años como instigador del esquema que provocó un perjuicio de G. 5.105 millones, se presentó para cumplir su pena después de permanecer requerido por la Justicia. Su aparición se produce justamente mientras Hugo Javier González permanece en terapia intensiva, una coincidencia temporal que vuelve a colocar bajo atención al hombre que durante años fue señalado como el verdadero poder detrás de la administración departamental.
Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra decidió finalmente presentarse para cumplir la condena de 10 años de prisión que pesa en su contra dentro de la misma causa por la que fue condenado el exgobernador de Central Hugo Javier González.
La aparición de Robles tiene un ingrediente imposible de ignorar: ocurre mientras Hugo Javier permanece internado en terapia intensiva y mientras continúan las interrogantes sobre las circunstancias que derivaron en su grave estado de salud.
Eso, por sí solo, no demuestra que ambos acontecimientos estén relacionados, pero inevitablemente instala una pregunta: ¿por qué Robles esperó hasta este momento para ponerse a disposición de la Justicia?
Hasta el 9 de septiembre, el panorama era completamente distinto. El Juzgado de Ejecución había avanzado con la ejecución de cauciones reales debido a que Robles no se presentó dentro del plazo fijado para comenzar a cumplir su condena. Incluso existía una orden de captura vigente y la Cámara de Apelaciones había dejado en claro que no podía continuar litigando mientras permaneciera en rebeldía.
No era un funcionario más
Hablar de Miguel Robles solamente como “exdirector de Gabinete” sería contar apenas una parte de la historia.
Durante la administración de Hugo Javier, Robles fue señalado reiteradamente como el hombre de mayor poder alrededor del entonces gobernador. En publicaciones periodísticas de aquellos años llegó a ser denominado “gobernador de facto”, debido a denuncias y testimonios que le atribuían una amplia capacidad de decisión sobre cuestiones administrativas, recursos y funcionarios de la Gobernación.
Pero posteriormente la cuestión dejó de limitarse a versiones políticas.
Dentro de la investigación penal, el Ministerio Público atribuyó a Robles un papel central en la preparación de la documentación utilizada en el esquema. Según la Fiscalía, entre junio y julio de 2021 habría preparado documentación para que posteriormente fuera firmada por otras autoridades, entre ellas el propio Hugo Javier. También se le atribuyó participación en la coordinación de verificaciones de obras y en la preparación de elementos utilizados para respaldar las rendiciones cuestionadas.
Finalmente, el Tribunal lo condenó a 10 años de prisión en calidad de instigador, mientras Hugo Javier recibió la misma pena como autor. La propia Fiscalía llegó a referirse a Robles como el “cerebro” e “ideólogo” del esquema. La condena quedó firme después de que la Sala Penal de la Corte declarara inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas.
El perjuicio comprobado judicialmente fue de G. 5.105.600.000, correspondiente a recursos públicos destinados a enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. La investigación comprobó utilización de documentación falsa, rendiciones irregulares y simulación de obras que no fueron ejecutadas.
De los “maletines” de Puertos al poder en Central
La trayectoria pública de Robles tampoco comenzó con Hugo Javier.
En 2008, cuando era funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y se desempeñaba como administrador en Chaco’i, fue imputado por soborno agravado junto con otros funcionarios dentro de una investigación sobre una supuesta estructura de recaudación paralela conocida públicamente como los “maletines para la corona”.
La causa terminó años después con su absolución por prescripción en 2018. Es decir, el proceso no llegó a una condena porque se extinguió por el transcurso del tiempo.
Posteriormente, en marzo de 2013, Robles ingresó a la Cámara de Diputados como asesor. Para 2018 seguía siendo funcionario del Legislativo y posteriormente fue comisionado a la Gobernación de Central, donde terminó convirtiéndose en uno de los principales hombres de confianza de Hugo Javier.
Allí pasó de asesor a director de Gabinete y, según las investigaciones y publicaciones de la época, acumuló un nivel de influencia que superaba ampliamente lo que normalmente implica ese cargo.
En diciembre de 2021 dejó de estar comisionado a la Gobernación, pero volvió a Diputados. Incluso después de su condena de enero de 2025, figuraba como asesor de la Cámara Baja con una remuneración mensual de G. 11 millones, situación que llevó a la institución a abrirle un sumario administrativo.
El hombre que supuestamente “hacía todo”
Durante las diferentes investigaciones sobre la administración de Central aparecieron testimonios que describían a Robles como mucho más que un simple asesor.
La Fiscalía sostuvo durante el proceso que Robles tenía intervención directa en la organización y preparación de documentos del esquema investigado. Las versiones recogidas durante las causas apuntaban a una mecánica en la que documentos eran preparados para posteriormente ser puestos a consideración y firma de Hugo Javier.
Ese elemento adquiere ahora una dimensión particular.
Hugo Javier está hospitalizado en estado delicado. Miguel Robles, quien debía estar cumpliendo su condena y durante semanas no se puso a disposición de la Justicia, aparece precisamente en este momento para finalmente comenzar a cumplirla.
No existe hasta ahora elemento público que permita vincular jurídicamente una situación con la otra. Hacerlo sería especular.
Pero preguntar por el momento elegido para presentarse es absolutamente legítimo.
Porque Robles tuvo oportunidades anteriores.
La condena quedó firme. Fue intimado el 5 de agosto. Se le dieron cinco días para comparecer. Hubo orden de captura. Su defensa continuó accionando y la Cámara respondió que no podía litigar en rebeldía. Finalmente, ante su falta de presentación, la Justicia comenzó a ejecutar cauciones millonarias sobre inmuebles ofrecidos como garantía.
Y recién ahora aparece.
Muchas sombras detrás de una larga carrera pública
La historia de Miguel Robles atraviesa varias instituciones del Estado y acumula episodios que difícilmente pueden ser considerados menores: una imputación por soborno agravado durante su paso por Puertos que terminó prescripta; años como funcionario y asesor de Diputados; un enorme poder político y administrativo dentro de la Gobernación de Central; y finalmente una condena firme de 10 años por su participación como instigador en uno de los mayores escándalos de corrupción de aquella administración.
No estamos ante un personaje secundario del caso Hugo Javier.
Robles fue condenado precisamente por el papel que la Justicia entendió que desempeñó detrás de las decisiones que permitieron ejecutar el esquema.
Por eso su regreso a escena merece algo más que una noticia policial sobre un condenado que finalmente se entrega.
Merece volver a revisar su trayectoria, reconstruir quién tomaba realmente las decisiones dentro de la Gobernación de Central y, principalmente, determinar cuánto sabía, cuánto hacía y cuánto decidía cada integrante de aquella administración.
Y mientras Hugo Javier pelea por su vida en terapia intensiva, el hombre al que durante años señalaron como su principal operador finalmente vuelve a ponerse delante de la Justicia.
Demasiadas coincidencias temporales como para no hacer preguntas; ninguna prueba, por ahora, para convertir esas preguntas en acusaciones.
