Editorial de Canal E
Pedro Alliana no llegó de afuera. Fue vicepresidente de Santiago Peña, integró su gobierno y acompañó al mismo equipo político que condujo al país hasta esta crisis. Hoy ocupa la Presidencia por sucesión constitucional, pero ese cambio de cargo no borra su responsabilidad política.
No alcanza con tomar distancia cuando todo se derrumba. La pregunta que debe responder es qué hizo mientras se acumulaban las señales de alarma. Y si tuvo conocimiento de posibles irregularidades, debe explicar cuándo lo supo y qué acciones impulsó ante las instituciones correspondientes. Hablar ante los micrófonos no reemplaza una denuncia formal.
Alliana tiene hoy una responsabilidad inmediata: demostrar con decisiones que su gobierno representa un cambio. No puede pedir confianza mientras conserva a las mismas figuras que deben explicar qué hicieron, qué controlaron y por qué los mecanismos institucionales no dieron una respuesta oportuna.
Empecemos por la Contraloría General de la República. Los cuestionamientos al control del patrimonio de Santiago Peña exigen una revisión independiente y documentada. El contralor y el subcontralor deben rendir cuentas sobre sus actuaciones y sobre las responsabilidades que correspondan a cada uno.
Desde Canal E sostenemos que su continuidad debe ser evaluada por el Congreso mediante los mecanismos constitucionales. No basta con investigar al expresidente: también corresponde examinar el desempeño de quienes tenían la obligación de controlar.
Lo mismo ocurre con el fiscal general del Estado. Las denuncias sobre presuntas irregularidades patrimoniales de Peña obligan a responder preguntas concretas: ¿cuándo ingresaron?, ¿qué diligencias se realizaron?, ¿qué medidas se solicitaron y por qué no hubo resultados oportunos?
Si existió inacción, debe determinarse quién fue responsable. La Fiscalía tiene que investigar con independencia del poder político, incluso cuando el denunciado todavía conserva el poder.
Estos cargos no dependen de una decisión administrativa de Alliana. Allí corresponde que actúen las instituciones competentes. Pero esa limitación no le sirve de excusa para mantener intacto el equipo que sí está bajo su autoridad.
El caso de Óscar Orué, al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, merece una explicación pública. Los señalamientos que lo vinculan con el entorno de Peña deben esclarecerse con pruebas. No corresponde convertir versiones sobre visitas o supuestas entregas de sobres en hechos probados; corresponde investigarlas.
Pero la responsabilidad política también exige respuestas: ¿qué información tuvo la administración tributaria?, ¿qué verificaciones realizó dentro de sus atribuciones y qué resultados obtuvo? Alliana debe explicar por qué considera que Orué debe continuar y qué garantías ofrece esa decisión.
La lista de explicaciones pendientes no termina allí. También deben revisarse las ratificaciones, los nombramientos y la permanencia de quienes ocuparon puestos decisivos durante el gobierno anterior. Cambiar al presidente y conservar la misma estructura difícilmente alcance para recuperar la confianza.
En la foto del nuevo gobierno parece faltar solamente Santiago Peña. Y ese es precisamente el problema.
La responsabilidad penal debe probarse individualmente. La responsabilidad política exige rendir cuentas desde ahora. Quienes ejercieron el poder no pueden presentarse como espectadores de sus consecuencias.
Alliana no puede exigir un cheque en blanco. Debe ofrecer cambios concretos, investigaciones independientes y decisiones que permitan recuperar la credibilidad de las instituciones.
Si desaprovecha esta oportunidad y mantiene a los mismos dirigentes sin exigirles explicaciones, profundizará el descrédito de su propia gestión y alimentará nuevas movilizaciones ciudadanas.
No podemos cerrar los ojos, fingir demencia y seguir con la misma gente. El país necesita respuestas, responsabilidades y cambios. Alliana tiene que decidir si va a impulsarlos o si va a sostener la continuidad de un gobierno que terminó perdiendo la confianza ciudadana.