El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió inhibirse de continuar interviniendo en la causa que involucra al expresidente de la República, Santiago Peña, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. El magistrado había ordenado la prisión preventiva del exmandatario en el Regimiento Escolta Presidencial.
Un nuevo movimiento sacude el ámbito judicial paraguayo. El juez Humberto Otazú decidió apartarse del expediente penal que investiga la presunta participación del expresidente Santiago Peña en una trama de irregularidades financieras y manejo de recursos públicos vinculada a Ueno Bank.
De acuerdo con la información recibida, el magistrado confirmó en una conversación privada su decisión de inhibirse. Hasta el momento, no se conocen públicamente los fundamentos concretos de su apartamiento ni se dispone de la resolución judicial correspondiente.
EL JUEZ QUE ENVIÓ A PEÑA A PRISIÓN
Otazú fue el magistrado que, el pasado 7 de noviembre, presidió la audiencia de imposición de medidas cautelares contra Santiago Peña, posteriormente a su destitución de la Presidencia de la República.
En aquella oportunidad, resolvió imponer la prisión preventiva al exmandatario, quien había sido imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
El juez también autorizó que Peña cumpliera su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial, atendiendo a consideraciones de seguridad. La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Ricardo Preda, había solicitado medidas menos gravosas y planteado alternativas de reclusión.
El juzgado consideró necesaria la prisión preventiva para garantizar el sometimiento del procesado a la investigación penal.
LA CAUSA UENO Y LOS FONDOS PÚBLICOS
La investigación del Ministerio Público apunta a determinar las responsabilidades de autoridades y exautoridades en la colocación y permanencia de importantes recursos de instituciones públicas en Ueno Bank, entidad sometida a un proceso de resolución por problemas de solvencia.
La hipótesis fiscal sostiene que Santiago Peña habría intervenido desde el Poder Ejecutivo para favorecer la permanencia de fondos estatales en la entidad financiera, mientras mantenía antecedentes de vinculación patrimonial con empresas del grupo económico.
La causa involucra depósitos de instituciones públicas, operaciones financieras presuntamente irregulares y posibles omisiones de los organismos encargados de la supervisión bancaria.
El pasado 13 de noviembre, el Ministerio Público amplió la imputación contra Peña, incorporando el supuesto hecho punible de asociación criminal, además de los cargos formulados inicialmente. Estas atribuciones continúan sujetas a investigación y no constituyen una declaración de culpabilidad.
OT AZÚ TAMBIÉN DISPUSO PRISIONES DE EXAUTORIDADES DEL BCP
La intervención del magistrado no se limitó al expresidente de la República.
En el marco de la misma investigación, Otazú también resolvió medidas cautelares contra exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellas el exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán y los exintegrantes del directorio Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.
El expediente busca establecer si existieron responsabilidades penales por la falta de aplicación oportuna de mecanismos de control y supervisión que debían proteger la estabilidad del sistema financiero y los recursos depositados en la entidad.
¿QUÉ OCURRIRÁ AHORA CON EL PROCESO?
La decisión de Otazú abre una nueva etapa procesal en una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión política y económica del país.
Con su inhibición, corresponderá tramitar el apartamiento conforme a las disposiciones procesales y determinar qué magistrado continuará entendiendo en la causa.
El nuevo juez deberá asumir el control jurisdiccional del expediente y resolver las solicitudes pendientes de las partes, incluyendo eventuales revisiones de medidas cautelares y requerimientos del Ministerio Público.
La inhibición no implica automáticamente la libertad de Santiago Peña ni deja sin efecto las resoluciones judiciales dictadas anteriormente.
El punto que permanece sin aclararse es el motivo por el cual Otazú decidió apartarse de un expediente en el que ya había adoptado decisiones de considerable trascendencia.
Por ahora, tampoco existe información confirmada que permita atribuir su inhibición a presiones externas, conflictos de intereses o desacuerdos relacionados con la investigación.
El caso Ueno Bank continúa avanzando en medio de múltiples imputaciones, investigaciones sobre recursos públicos y una creciente expectativa ciudadana respecto de la actuación de la Justicia. La salida de Otazú plantea ahora una interrogante central: quién asumirá el expediente y cómo continuará el proceso contra el expresidente Santiago Peña.
