El listado de la Contraloría comprende a 1.082 personas de 35 instituciones públicas. El MEC denunció a 471 personas ante el Ministerio Público, mientras que la comisión investigadora del Senado advierte que la cantidad de casos podría aumentar.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal para investigar presuntas irregularidades en los títulos académicos declarados por funcionarios públicos, tras una denuncia presentada por la Contraloría General de la República (CGR). La decisión se suma a las medidas administrativas anunciadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que informó sobre la anulación de 108 matrículas y la presentación de denuncias contra 471 personas.

Según las publicaciones de Ñanduti, la apertura de la investigación consta en la Resolución F.G.E. N.º 4187, del 23 de octubre de 2026. La causa quedó a cargo de los fiscales Francisco Manuel Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

El informe comprende a 35 instituciones

El anexo VII del informe de la Contraloría reúne 1.090 registros de títulos correspondientes a 1.082 personas. La diferencia obedece a que ocho funcionarios figuran con dos títulos declarados.

El documento identifica casos en los que las instituciones de educación superior consultadas no confirmaron el registro de egreso ni la emisión del título declarado. El MEC concentra 975 de las personas incluidas, aproximadamente el 90 % del listado.

Le siguen la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con 23; el Ministerio de Justicia, con 11; el Ministerio de la Defensa Pública, con 10; el Ministerio de Desarrollo Social, con ocho; y la Secretaría de Repatriados, con siete. Los demás casos se distribuyen entre otras entidades públicas, municipalidades, gobernaciones e instituciones universitarias.

Observaciones de distinta naturaleza

La publicación detalla que unos 840 registros corresponden a carreras vinculadas con la educación. También aparecen títulos de Derecho, Contabilidad, Medicina, Ingeniería y Notariado.

Las observaciones no son uniformes. En algunos casos, las universidades señalaron que las personas no figuran en sus bases de egresados; en otros, indicaron que cursaron una carrera sin concluirla, que egresaron de una formación diferente o que cuentan con una especialización, pero no con el título de grado declarado.

También se consignan aclaraciones sobre carreras que no fueron impartidas por las instituciones consultadas y títulos atribuidos a una universidad que todavía no tendría egresados de grado.

Estas diferencias deberán ser examinadas durante la investigación para establecer las circunstancias de cada caso y determinar eventuales responsabilidades.

Las medidas anunciadas por el MEC

El Ministerio de Educación y Ciencias informó que anuló 108 matrículas de profesionales que no trabajan en el sector público, cuyos títulos no fueron reconocidos por las universidades consultadas.

Además, instruyó 12 sumarios administrativos a funcionarios con títulos cuestionados y otros cuatro a personas que habrían accedido a aumentos salariales mediante documentos fraudulentos. La cartera educativa también comunicó que denunció a 471 personas ante el Ministerio Público.

El ministro Luis Fernando Ramírez explicó que, en los casos de funcionarios públicos, es necesario desarrollar el procedimiento administrativo correspondiente antes de resolver la anulación de la matrícula. Aseguró que las investigaciones continuarán y que se adoptarán las medidas necesarias.

Kemper advierte que la cifra podría crecer

El senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial del Senado que investiga la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, señaló que los casos podrían llegar a 2.000 o incluso 3.000.

El legislador explicó que todavía falta recibir y analizar información de organismos públicos y universidades. También adelantó que solicitará la extensión del plazo de funcionamiento de la comisión, previsto hasta noviembre, y confirmó que trabajan en dos proyectos de ley.

Kemper mencionó, además, la recepción de denuncias anónimas sobre supuestas compras de títulos sin haber cursado estudios. Esos señalamientos forman parte de los elementos que deberán ser investigados.

La inclusión en el listado no implica una imputación

La resolución que abre la causa penal no individualiza personas ni atribuye hechos punibles específicos, según la información publicada por Ñanduti.

Por tanto, aparecer en el anexo de la Contraloría no equivale a estar imputado ni constituye, por sí solo, una prueba de falsificación. El listado reúne inconsistencias y falta de confirmación académica que requieren una revisión individual, considerando también las aclaraciones de las universidades.

Fuente: Ñanduti, con base en el informe de la Contraloría General de la República, la Resolución F.G.E. N.º 4187 y las medidas anunciadas por el MEC.