POLÍTICA | INFORME ESPECIAL CANAL-E | 11 DE NOVIEMBRE DE 2026
La destitución de Santiago Peña abrió una nueva etapa política, pero también una pregunta incómoda: ¿Alcanza con sacar al presidente si su reemplazante formó parte del mismo gobierno y mantiene vínculos con figuras cuestionadas por el manejo de recursos públicos? La trayectoria de Pedro Alliana, desde la Cámara de Diputados hasta Yacyretá, el IPS y la Presidencia, merece una revisión que no puede quedar sepultada por el cambio de mando.
La salida de Santiago Peña de la Presidencia de la República, tras su destitución mediante juicio político el 6 de noviembre de 2026, representó un desenlace extraordinario de la crisis política y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank.
Sin embargo, su reemplazo por Pedro Alliana no significa necesariamente una ruptura con las estructuras políticas que acompañaron al gobierno anterior.
El nuevo mandatario no llegó desde la oposición ni fue ajeno a la administración cuestionada. Fue vicepresidente desde agosto de 2023, mantuvo una relación política estrecha con Peña y anteriormente ejerció durante años un papel determinante en la conducción de la Cámara de Diputados.
Su trayectoria incluye nombramientos familiares cuestionados, relaciones con autoridades de entidades binacionales, controversias sobre contrataciones estatales y una sucesión presidencial facilitada por una mayoría parlamentaria que rechazó su propio juicio político.
La cuestión de fondo es si Paraguay está ante una transformación institucional o ante un recambio de autoridades dentro del mismo proyecto de poder.
2013-2023: la Cámara de Diputados, el poder legislativo y los asuntos pendientes
Pedro Alliana llegó a la Cámara de Diputados en 2013 como representante del departamento de Ñeembucú y permaneció como legislador hasta 2023.
En 2017 fue elegido presidente de la Cámara Baja, cargo al que posteriormente regresaría, consolidándose como una figura relevante del movimiento Honor Colorado y de la estructura legislativa del Partido Colorado.
Durante su administración, la institución enfrentó debates sobre contrataciones de funcionarios, utilización de cupos políticos, distribución de bonificaciones, creación de cargos y administración presupuestaria.
En julio de 2017, el propio Alliana denunció haber encontrado gastos excesivos, una deuda flotante de G. 15.000 millones procedente de licitaciones y una elevada ejecución del presupuesto de combustible. Aquellos señalamientos correspondían a la administración que lo precedió y no prueban irregularidades cometidas por él.
En 2019, al regresar a la presidencia de Diputados, anunció medidas de austeridad, ordenó suspender contrataciones y revocó la creación de 24 direcciones establecidas durante la gestión de Miguel Cuevas.
Pero uno de los antecedentes más relevantes surgió en diciembre de 2021, cuando Alliana firmó la Resolución N.º 3662, que aprobó el Plan Estratégico Institucional 2022-2026.
El documento reconocía expresamente debilidades como la selección de funcionarios sin concursos abiertos, los nombramientos por criterios políticos, la falta de idoneidad y la inequidad salarial.
Es decir, la institución que administraba ya había identificado problemas estructurales vinculados con el manejo de sus recursos humanos.
Hoy resulta legítimo preguntarse cuánto avanzó realmente la depuración de esos mecanismos durante su gestión y qué controles quedaron pendientes.
También corresponde revisar los expedientes administrativos, los informes de auditoría y las observaciones presupuestarias de aquella época, sin presentar como irregularidades demostradas cuestiones que todavía requieren documentación.
2023: Yacyretá y el movimiento político que benefició a su familia
Con la llegada de Santiago Peña a la Presidencia y Pedro Alliana a la Vicepresidencia, se produjo un movimiento político que tuvo consecuencias directas para su entorno familiar.
Luis Benítez, diputado electo por Ñeembucú y aliado político de Alliana, renunció a su banca para asumir la dirección paraguaya de la Entidad Binacional Yacyretá.
Su salida permitió que Fabiana Souto, esposa del entonces vicepresidente, asumiera como diputada suplente.
La operación fue cuestionada políticamente por la combinación de una designación estratégica en una de las entidades más importantes del país y el acceso de la esposa de Alliana a una banca legislativa.
Aunque ambos movimientos siguieron los procedimientos institucionales correspondientes, dejaron planteado un interrogante sobre la utilización de posiciones públicas en beneficio de acuerdos entre dirigentes del mismo sector político.
2023-2025: familiares, cargos y millonarios salarios públicos
Las críticas adquirieron mayor intensidad tras conocerse la presencia de numerosos integrantes del entorno familiar de Alliana en instituciones públicas.
En 2024, un relevamiento estimó en aproximadamente G. 3.157 millones anuales las remuneraciones de familiares y allegados que ocupaban distintos cargos estatales.
Entre los casos que generaron mayor repercusión se encontraba Montserrat Alliana, hija del entonces vicepresidente, nombrada en octubre de 2023 como coordinadora de la Cámara de Diputados sin concurso público, con una remuneración de G. 18.274.300 mensuales, incluidas bonificaciones.
El nombramiento resultó especialmente controvertido por el antecedente del plan institucional firmado por su padre en 2021, que identificaba precisamente los nombramientos discrecionales como una de las debilidades que debían corregirse.
En Yacyretá también figuraban familiares con ingresos elevados:
Según las nóminas divulgadas en enero de 2025, las remuneraciones anuales de estos tres familiares, incluido el aguinaldo, superaban los G. 1.209 millones.
Ricardo Torres Alliana ya había sido separado de Yacyretá en 2022, en medio de cuestionamientos por presunto planillerismo, y obtuvo una reposición judicial cautelar. Posteriormente, durante la administración de Luis Benítez, pasó a desempeñarse como jefe de gabinete de la entidad.
Los casos no establecen automáticamente responsabilidades penales, pero muestran la necesidad de examinar los criterios de contratación, las funciones desempeñadas y la proporcionalidad de las remuneraciones.
2024: el IPS y las contrataciones que alcanzaron al entorno de Alliana
En marzo de 2024, Weldon Walter Black Zaldívar, yerno de Pedro Alliana, fue incorporado al Instituto de Previsión Social como asesor jurídico externo.
La contratación fue presentada como un acuerdo por producto de G. 100 millones, con pagos bimestrales de G. 20 millones.
Black defendió su incorporación, afirmó que cumplía funciones profesionales y negó que su suegro hubiera intervenido en la contratación.
La polémica se produjo mientras miles de asegurados denunciaban faltantes de medicamentos, deficiencias hospitalarias y dificultades para obtener atención médica.
Durante ese mismo año se conoció que el IPS destinaba más de G. 2.793 millones anuales a asesores jurídicos externos, entre los que figuraba el yerno del entonces vicepresidente.
El contraste entre los recursos destinados a asesorías y las necesidades de los asegurados reavivó la discusión sobre las prioridades presupuestarias de la previsional.
2025-2026: alimentos, proveedores estatales y sospechas sobre adjudicaciones
Otro capítulo que requiere atención es el de las empresas proveedoras de alimentos y servicios al Estado.
Las contrataciones para alimentación hospitalaria, provisión de insumos y otros servicios representan operaciones de considerable magnitud económica. En diferentes instituciones se han presentado cuestionamientos sobre los criterios de adjudicación, las relaciones entre contratistas y autoridades, y los mecanismos de fiscalización.
En particular, las denuncias sobre supuestas influencias políticas en contrataciones de alimentos para el IPS plantean la necesidad de identificar a los beneficiarios finales de las empresas, verificar la competencia entre oferentes y comprobar que los precios adjudicados respondan a condiciones reales de mercado.
La pregunta es si las adjudicaciones se resolvieron exclusivamente por criterios técnicos y económicos o si existieron gestiones políticas para favorecer determinados intereses privados.
No se ha acreditado, con los antecedentes examinados para esta nota, que Alliana haya intervenido personalmente en el direccionamiento de esos contratos. Esa eventual relación debe investigarse, no darse por demostrada.
2025-2026: Itaipú, los aviones privados y una adjudicación de G. 248.713 millones
En marzo de 2025 salieron a la luz registros de vuelos realizados por Alliana en aeronaves vinculadas al empresario Long Jiang, relacionado con una empresa adjudicada por Itaipú para la provisión de mobiliario escolar.
El contrato superó los G. 248.713 millones, aproximadamente USD 32 millones.
Los registros examinados incluyeron vuelos realizados durante la campaña electoral de 2023 y después de la asunción de Alliana como vicepresidente.
Las aeronaves mencionadas tenían las matrículas ZP-GOD, ZP-BOT y H958JL.
La utilización de aviones vinculados a un proveedor beneficiado por una adjudicación pública motivó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses.
El caso deja preguntas que deben responderse documentalmente: quién financió los traslados, qué condiciones se acordaron y si existió algún contacto relacionado con la adjudicación.
Las coincidencias documentadas justifican controles, pero no permiten afirmar por sí solas que existió un acuerdo ilícito.
2026: el director de Yacyretá y las remuneraciones que llegaron a G. 180 millones
Benítez había dejado su banca legislativa en 2023 para ocupar la dirección de la binacional, facilitando que Fabiana Souto asumiera como diputada.
En marzo de 2026, su remuneración total reportada alcanzó G. 136.969.485, incluyendo aproximadamente G. 54,3 millones en bonificaciones.
Para junio del mismo año, las planillas registraban que había cobrado G. 180.055.475 entre sueldo y bonificaciones, de los cuales más de G. 100 millones correspondían a beneficios adicionales.
El incremento del total percibido entre ambos meses plantea interrogantes sobre el sistema de bonificaciones de Yacyretá, los criterios de autorización y los mecanismos de control.
Debe aclararse que la diferencia entre ambas remuneraciones no demuestra, por sí sola, un aumento del salario básico permanente.
Los USD 10 millones de Yacyretá colocados en Ueno Bank
El caso adquiere mayor relevancia por otra decisión financiera de la binacional.
Según documentación conocida el 10 de noviembre de 2026, Benítez figura entre los autorizantes de una operación mediante la cual se colocaron USD 10 millones del sistema complementario de jubilaciones de trabajadores de Yacyretá en certificados de depósito de Ueno Bank.
Las colocaciones, realizadas en noviembre de 2025, fueron distribuidas en dos certificados por USD 8,5 millones y USD 1,5 millones, con una tasa anual del 6,90% y vencimiento previsto para mayo de 2027.
Además, Benítez figuraba en una nómina accionaria de Ueno Bank al 8 de octubre de 2026, con una participación minoritaria equivalente a G. 558 millones.
La documentación consultada no permite establecer desde qué fecha poseía esas acciones ni si ya era accionista cuando se aprobó la inversión.
Yacyretá sostuvo que las colocaciones reunían las condiciones financieras requeridas y anunció gestiones para recuperar los recursos.
Este antecedente introduce una cuestión especialmente delicada: la necesidad de determinar si existieron conflictos de intereses en la colocación de fondos jubilatorios y si las decisiones fueron adoptadas mediante procesos de evaluación independientes.
La relación política entre Benítez y Alliana agrega relevancia pública al caso, aunque no demuestra una participación directa del actual presidente en esa operación.
Mayo-junio de 2026: la Fiscalía investiga licitaciones del IPS
El 27 de mayo de 2026, el Ministerio Público dispuso la apertura de una investigación penal sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación del Instituto de Previsión Social.
El 1 de junio, los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González acudieron a la sede de la previsional para solicitar expedientes y documentación.
Las denuncias comprendían procedimientos de contratación desarrollados principalmente durante 2024 y 2025, incluyendo servicios de fumigación, sistemas informáticos, gestión ambiental y limpieza.
Los procesos examinados involucraban contratos por aproximadamente G. 391.000 millones.
La Fiscalía aclaró expresamente que esa cantidad representaba el valor de las licitaciones cuestionadas, no un perjuicio patrimonial demostrado.
La investigación también vuelve relevante examinar las posibles vinculaciones entre funcionarios, empresas proveedoras de alimentos y servicios, autoridades institucionales y dirigentes políticos.
Sin embargo, debe mantenerse una distinción fundamental: las investigaciones abiertas sobre el IPS no acreditan automáticamente responsabilidad de Pedro Alliana.
Lo que corresponde exigir es que los expedientes sean examinados con independencia, incluso si las diligencias alcanzan a personas de su entorno.
Noviembre de 2026: cae Peña, Alliana supera el juicio político y asume el poder
La crisis de Ueno Bank terminó provocando la ruptura política más importante del gobierno iniciado en agosto de 2023.
El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra Pedro Alliana por 48 votos contra 30.
Los legisladores favorables a la acusación cuestionaron su actuación política durante el gobierno de Peña y su presunta omisión frente a las decisiones relacionadas con fondos públicos.
Los diputados que lo defendieron argumentaron que no tenía responsabilidad directa en las decisiones financieras que provocaron la crisis y que correspondía preservar la continuidad constitucional.
Un día después, el 6 de noviembre, el Senado destituyó a Santiago Peña por 44 votos, y Pedro Alliana juró como nuevo presidente de la República.
La sucesión se realizó conforme a los mecanismos constitucionales. Sin embargo, el cambio de autoridades deja abierta una discusión sobre la responsabilidad política compartida por quienes integraron y respaldaron la administración anterior.
¿Basta con sacar a Peña para cambiar el rumbo del país?
La pregunta que enfrenta Paraguay no se agota en la destitución de Santiago Peña.
La ciudadanía tiene derecho a saber si las autoridades que hoy conducen el Ejecutivo están dispuestas a investigar las decisiones del gobierno del que formaron parte, incluso cuando las investigaciones alcancen a aliados políticos, antiguos colaboradores o familiares.
Alliana fue presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la República antes de llegar al Palacio de López.
En ese recorrido quedaron asuntos cuya revisión resulta relevante: los nombramientos cuestionados, las remuneraciones de personas de su entorno, las contrataciones de las binacionales, las adjudicaciones investigadas en el IPS y los millonarios recursos públicos vinculados con Ueno Bank.
El reemplazo de una autoridad no equivale a una investigación de las responsabilidades de todo un gobierno.
Tampoco corresponde llamar cómplices a sus colaboradores sin pruebas de participación en hechos ilícitos. Lo que sí puede exigirse es que ninguna relación personal, familiar o partidaria impida que se investiguen posibles irregularidades.
El nuevo gobierno tendrá que demostrar, mediante decisiones verificables, si está dispuesto a transparentar los expedientes, permitir auditorías independientes, facilitar las investigaciones fiscales y corregir las prácticas administrativas cuestionadas.
La continuidad constitucional ya fue resuelta. La conveniencia política e institucional del nuevo escenario deberá evaluarse por sus resultados y por la capacidad del Estado de esclarecer los hechos pendientes.