Mientras la ANDE intenta recuperar USD 92,3 millones comprometidos en Ueno Bank, el presidente Pedro Alliana decidió devolverle la conducción de la institución a Félix Sosa. La pregunta que el Gobierno todavía debe responder es contundente: ¿quién autorizó depositar semejante cantidad de dinero público en esa entidad bancaria y bajo qué criterios se tomó la decisión?
La designación de Félix Sosa nuevamente al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) genera serios cuestionamientos políticos y administrativos. En medio de una de las mayores crisis financieras que golpean a las instituciones públicas, el Gobierno de Pedro Alliana optó por devolverle el mando de la estatal a una figura que ya había ocupado su presidencia durante el periodo en que se realizaron o mantuvieron colocaciones de fondos en Ueno Bank.
Hoy, con aproximadamente USD 92,3 millones comprometidos en distintas operaciones vinculadas a la entidad bancaria intervenida, Sosa anuncia que buscará mecanismos legales para recuperar los recursos y promete que no habrá aumentos tarifarios durante un año. Sin embargo, esas declaraciones no responden a la cuestión de fondo: ¿qué responsabilidad tuvo en la decisión de colocar fondos públicos en Ueno Bank?
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¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
Félix Sosa aseguró que no recibió llamadas ni presiones políticas para elegir el banco y sostuvo que las colocaciones se realizaron mediante concursos y una comisión de evaluación interna.
Pero esa explicación, lejos de cerrar el debate, abre nuevas interrogantes.
¿Quiénes integraron esa comisión? ¿Qué funcionarios recomendaron las operaciones? ¿Qué tasas de interés ofrecía Ueno Bank? ¿Se evaluaron adecuadamente los riesgos de concentración de recursos en una entidad de trayectoria relativamente reciente? ¿Quién firmó las autorizaciones finales?
Y, fundamentalmente, ¿existió alguna instrucción política para direccionar los depósitos hacia Ueno Bank?
Si no existió una orden externa, corresponde determinar quiénes asumieron las decisiones dentro de la ANDE. Si existió, el país tiene derecho a conocer su origen.
La presentación de una denuncia penal contra los directivos del banco es una medida necesaria, pero no reemplaza la obligación de examinar las decisiones administrativas que permitieron comprometer semejantes recursos institucionales.
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ALLIANA DEBE EXPLICAR POR QUÉ LO VOLVIÓ A NOMBRAR
La decisión del presidente Pedro Alliana también merece una explicación pública.
¿Se realizó una evaluación de la actuación anterior de Félix Sosa? ¿Se revisaron las decisiones financieras adoptadas durante su administración? ¿O nuevamente pesaron más la confianza política y la continuidad de los mismos dirigentes?
No se puede presentar como renovación del Gobierno el regreso de autoridades sin esclarecer previamente su participación en decisiones que hoy tienen consecuencias millonarias para el Estado.
La crisis de Ueno Bank exige mucho más que cambios de nombres y discursos tranquilizadores. Exige transparencia, documentos y responsabilidades.
Tampoco pueden ignorarse los señalamientos sobre presuntas influencias políticas en la conducción de la ANDE, particularmente las versiones que vinculan decisiones institucionales con Juan José Alderete. Tales afirmaciones requieren pruebas e investigación, pero refuerzan la necesidad de transparentar quiénes participaron realmente en las decisiones financieras de la estatal.
PROMETER QUE NO SUBIRÁ LA LUZ NO ES RENDIR CUENTAS
Sosa garantiza que las tarifas eléctricas no aumentarán durante el próximo año. Sin embargo, los usuarios también necesitan saber qué ocurrirá con las inversiones, las obras de infraestructura y los compromisos económicos afectados por los fondos inmovilizados.
Parte de esos recursos está vinculada a financiamientos internacionales para proyectos eléctricos estratégicos. La propia conducción de la ANDE reconoció que será necesario evaluar alternativas y posibles postergaciones de obras.
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El problema no es solamente cuánto dinero podrá recuperar la ANDE, sino quién permitió que esos recursos quedaran expuestos y si se cumplieron todos los controles correspondientes.
Pedro Alliana tiene la responsabilidad política de explicar por qué decidió devolverle la presidencia de la institución a Félix Sosa sin que previamente se hayan esclarecido públicamente todas estas cuestiones.
Y Félix Sosa tiene la obligación de exhibir los expedientes, las evaluaciones financieras, las resoluciones y las firmas que respaldaron cada operación.
Porque administrar dinero público no consiste solamente en buscar recuperarlo cuando se pierde el acceso a él. Consiste, principalmente, en protegerlo antes de que eso ocurra.
El país no necesita solamente la promesa de que no aumentará la tarifa eléctrica. Necesita saber quién tomó las decisiones, quién las autorizó y quién debe responder por sus consecuencias.
La pregunta sigue vigente: ¿Félix Sosa decidió, obedeció órdenes o simplemente permitió que millones de dólares de la ANDE terminaran comprometidos en Ueno Bank?
Hasta que existan respuestas documentadas, su regreso a la presidencia de la ANDE seguirá bajo cuestionamiento público.