El Ministerio Público describe un presunto esquema de créditos sin garantías suficientes, transferencias a empresas del mismo grupo y una venta de cartera por USD 74,4 millones que habría sido financiada con recursos del propio banco. Solicita congelar cuentas e impedir la venta de bienes.
Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera formularon este miércoles 4 de noviembre imputación contra 27 personas en la investigación sobre las operaciones de Ueno Bank. Además, solicitaron prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti y arresto domiciliario con tobillera electrónica para otros siete integrantes del directorio y la sindicatura de la entidad.
El acta atribuye provisionalmente los hechos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio, con distintos grados de participación.
Según la investigación fiscal, entre 2025 y 2026 se autorizaron operaciones que habrían comprometido activos del banco, integrados principalmente por recursos captados del público. Los investigadores sostienen que los préstamos cuestionados pusieron en riesgo la recuperación del dinero y, con ello, la devolución de los ahorros.
Créditos millonarios y fondos que terminaban en otras empresas
La Fiscalía señala que MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. recibieron préstamos y sobregiros en condiciones que se apartarían de una gestión prudente: montos desproporcionados frente a su capacidad financiera, plazos de hasta diez años y operaciones a sola firma, sin garantías reales suficientes.
Estas firmas inicialmente figuraban como vinculadas al grupo financiero. En octubre de 2025, el banco solicitó retirarlas de esa clasificación, pero, según el documento, no presentó respaldo suficiente. Para los investigadores, la desvinculación habría sido meramente documental.
El seguimiento del dinero habría revelado transferencias inmediatas o casi inmediatas hacia ITTI, REDISA y REDIPRO. En lugar de financiar principalmente las actividades declaradas por las prestatarias, los recursos se habrían utilizado para cubrir sobregiros, pagar obligaciones y sostener financieramente a otras sociedades del grupo.
La imputación también examina operaciones con TUIU S.A., FRANEDE S.A. y AIME S.A. Corredores de Seguros. Según los fiscales, estas empresas no fueron reportadas como vinculadas, pese a la existencia de elementos que indicarían relaciones con el grupo económico.
Otro punto señalado es la forma de devolución de los créditos: los pagos habrían dependido de transferencias de otras empresas relacionadas y de nuevas fuentes de financiamiento, en lugar de ingresos propios suficientes de las deudoras.
Una venta de USD 74,4 millones bajo sospecha
Una de las operaciones centrales de la investigación es la venta de una cartera de créditos a VINANZAS S.A., realizada el 15 de junio de 2026 por USD 74.418.418,12.
Aunque la transacción fue presentada como una venta al contado, la Fiscalía sostiene que VINANZAS no habría contado con recursos propios suficientes para concretarla. El dinero habría llegado mediante empresas que, a su vez, recibieron financiamiento de Ueno Bank.
La hipótesis fiscal es que el banco terminó financiando indirectamente la compra de su propia cartera. Esta operación presuntamente simulada habría dificultado conocer la situación financiera real de la entidad y ocultado problemas ante el organismo supervisor.
Los montos comprometidos
El acta identifica vencimientos pendientes de las empresas analizadas por USD 166.984.879,33 y G. 343.157.246.557, cuya recuperación estaría comprometida por las condiciones de los créditos y el destino de los fondos.
Además, cita un informe de la Superintendencia de Bancos que determinó un déficit de previsiones de G. 1.621.853.458.972, derivado de la reclasificación de deudores a categorías de mayor riesgo. Este monto corresponde a ajustes señalados por el supervisor y no debe confundirse con una cuantificación definitiva del dinero perdido.
Prisión para Vázquez y arresto domiciliario para otros siete
La Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva para Miguel Vázquez en los riesgos de fuga y obstrucción de la investigación. Le atribuye una posición central como beneficiario final de Ueno Bank, vicepresidente primero y controlante de sociedades receptoras de los recursos.
Para Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, solicitó arresto domiciliario con tobillera electrónica, prohibición de salir del país y caución.
Respecto de los otros 19 imputados, vinculados a las empresas investigadas, propuso prohibición de salida del país y garantías personales o reales.
El Ministerio Público también requirió la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias de los 27 imputados y siete sociedades.
Los fiscales solicitaron seis meses para desarrollar la investigación y presentar el requerimiento conclusivo. Las medidas cautelares mencionadas son pedidos al juzgado; el documento no contiene una resolución judicial que las conceda. La imputación constituye una atribución provisional y no una condena.