El presidente de la República, Santiago Peña, enfrenta una de las mayores crisis políticas de su gobierno. Horacio Cartes le retiró su respaldo y anunció que la Asociación Nacional Republicana (ANR) acompañará el juicio político. Diputados colorados y el presidente del Congreso, Basilio Núñez, también se pronunciaron a favor del proceso. Mientras el escándalo de Ueno Bank sacude al país, el oficialismo se reacomoda y Pedro Alliana aparece como una figura central en la disputa por la continuidad del poder colorado.
La jornada de este jueves 5 de noviembre de 2026 marca un quiebre en el gobierno de Santiago Peña. El mandatario, que llegó al Palacio de López con el respaldo político de Horacio Cartes y la estructura de Honor Colorado, enfrenta ahora el abandono de importantes sectores de su propio partido.
El golpe político más significativo llegó desde la presidencia de la ANR. Horacio Cartes anunció públicamente su respaldo al juicio político contra Peña, en medio de la crisis financiera desatada por Ueno Bank y de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y fondos pertenecientes a los trabajadores y jubilados.
Cartes sostuvo que el Partido Colorado no puede permanecer indiferente ante las denuncias relacionadas con fondos públicos, privados y previsionales. Su decisión representa una ruptura abierta con el mandatario al que respaldó para llegar a la Presidencia de la República.
ABC Color+1
Cartes le retira el respaldo y cambia el escenario político
El pronunciamiento del expresidente Horacio Cartes modifica profundamente el escenario dentro del oficialismo.
Hasta hace pocos días, las diferencias internas de Honor Colorado se concentraban en el liderazgo del movimiento y las aspiraciones presidenciales de Pedro Alliana para 2028. Sin embargo, el derrumbe de Ueno Bank y las denuncias sobre la exposición de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) trasladaron la confrontación al propio Gobierno.
El respaldo de Cartes al juicio político deja a Peña frente a un problema que ya no puede atribuir únicamente a la oposición: el cuestionamiento ahora proviene también de la fuerza política que contribuyó a sostener su administración.
La crisis financiera se convirtió así en una crisis de gobernabilidad, con consecuencias que pueden alcanzar a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.
Los colorados también le dan la espalda
A la posición de Cartes se suma el respaldo de sectores colorados en la Cámara de Diputados al procedimiento constitucional.
La bancada de Colorado Añetete anunció su acompañamiento al juicio político y reclamó una investigación penal que permita determinar todas las responsabilidades relacionadas con el caso Ueno Bank.
Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, pidió este jueves la renuncia de Santiago Peña y anunció que acompañará el juicio político. Se trata de un cambio especialmente significativo, considerando que el legislador había manifestado anteriormente su respaldo a la administración presidencial.
ABC Color+2
El aislamiento político de Peña se profundiza. Los respaldos que hasta hace poco parecían garantizarle estabilidad institucional comienzan a transformarse en cuestionamientos públicos y posicionamientos favorables a su salida.
Ueno Bank: el escándalo que puso contra las cuerdas al Gobierno
El detonante de esta crisis fue la decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar, el 2 de noviembre, el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de que su solvencia cayera por debajo del nivel mínimo establecido para activar esa medida.
El caso generó incertidumbre entre los depositantes, preocupación por el destino de los fondos previsionales y fuertes cuestionamientos al sistema de supervisión financiera.
El 4 de noviembre, un grupo de 35 diputados presentó el libelo acusatorio contra Santiago Peña. Entre los cuestionamientos formulados figuran sus anteriores vínculos empresariales con Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y las decisiones relacionadas con la colocación de recursos del IPS.
Los legisladores también presentaron un pedido de juicio político contra Pedro Alliana, a quien atribuyen presuntas responsabilidades políticas en el manejo de la crisis. Estas acusaciones deberán ser examinadas en el procedimiento constitucional y, cuando corresponda, en la Justicia ordinaria.
H. Cámara de Diputados del Paraguay+1
¿Sacrificar a Peña para conservar el poder con Alliana?
La decisión de sectores colorados de respaldar la salida de Peña, sin acompañar necesariamente la destitución de Pedro Alliana, abre un interrogante central: ¿se busca una solución institucional a la crisis o también preservar la continuidad del Partido Colorado al frente del Ejecutivo?
La diferencia entre ambos procesos es políticamente significativa. El pedido contra Peña reunió inicialmente 35 firmas, mientras que la iniciativa contra Alliana obtuvo 30, debido a que algunos diputados colorados disidentes no acompañaron la acusación al vicepresidente.
Conforme a la Constitución Nacional, si el presidente fuera separado de su cargo y el vicepresidente permaneciera en funciones, correspondería a este último asumir la Presidencia.
Diario HOY+1
Ese escenario permitiría que el Partido Colorado mantuviera el control del Poder Ejecutivo, aunque con un cambio de presidente.
Sin embargo, la continuidad de Alliana no está garantizada: también existe un procedimiento de juicio político en su contra.
La pregunta política es inevitable: ¿el oficialismo está dispuesto a asumir responsabilidades por la crisis en su conjunto o intenta limitar las consecuencias a la figura de Santiago Peña?
La destitución política no significa cárcel automática
El título de esta crisis también remite a otro escenario: las eventuales responsabilidades penales.
El artículo 225 de la Constitución establece que el juicio político tiene como finalidad separar del cargo a las autoridades declaradas culpables por el Senado. Cuando existan hechos que puedan constituir delitos, los antecedentes deben remitirse a la Justicia ordinaria.
Por tanto, una eventual destitución de Santiago Peña no implicaría automáticamente su detención o encarcelamiento.
Para llegar a una condena penal se necesitarían investigaciones, pruebas y una sentencia judicial que establezca responsabilidad individual.
La exigencia de esclarecer el destino de los recursos públicos, identificar eventuales irregularidades y determinar responsabilidades no desaparece con un cambio de presidente.
Una jornada decisiva en el Congreso
La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión extraordinaria para este jueves, a las 10:00, con el tratamiento de los pedidos de juicio político contra Peña y Alliana.
La Constitución exige una mayoría de dos tercios para formular la acusación en Diputados y también para una eventual declaración de culpabilidad en el Senado. Por ello, los anuncios de respaldo constituyen señales políticas importantes, pero no reemplazan las votaciones parlamentarias.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO+1
La crisis presenta ahora dos dimensiones inseparables: la situación institucional del Gobierno y el reclamo de miles de ciudadanos por la recuperación de sus ahorros.
Los cambios en las alianzas dentro de la ANR no resuelven, por sí solos, la situación financiera ni las investigaciones sobre el caso Ueno Bank.
El poder cambia de manos, pero las respuestas siguen pendientes
Santiago Peña llegó al poder acompañado por una estructura partidaria que hoy muestra profundas divisiones. Horacio Cartes, Basilio Núñez y sectores legislativos colorados que anteriormente respaldaban al Gobierno se pronunciaron a favor del juicio político.
El presidente enfrenta así un escenario de fuerte aislamiento dentro de su propio espacio político, mientras el Congreso analiza el procedimiento que podría terminar con su mandato.
Pero la discusión no termina con la posible salida de Peña.
La ciudadanía necesita conocer qué ocurrió con los fondos comprometidos, quiénes autorizaron las operaciones cuestionadas, qué mecanismos de control fallaron y cuáles fueron las responsabilidades de las autoridades públicas y los administradores de la entidad financiera.
Cambiar al presidente sin esclarecer lo ocurrido con los recursos de los paraguayos no resolvería el problema de fondo.
El desafío institucional será determinar responsabilidades mediante investigaciones independientes y procedimientos ajustados a la Constitución, sin que las negociaciones partidarias sustituyan la rendición de cuentas.