Contratos estatales por miles de millones de guaraníes, empresas vinculadas a familiares de Santiago Peña, inversiones en ueno Bank y movimientos societarios que plantean serios interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias. La trama empresarial del entorno presidencial exige una investigación que determine si el poder político fue utilizado para favorecer negocios particulares.

La crisis de ueno Bank y las investigaciones que involucran a Santiago Peña abren un nuevo capítulo sobre los negocios de su entorno familiar. Hermanos, hijos y allegados aparecen vinculados a sociedades que mantuvieron relaciones comerciales con instituciones públicas o con el conglomerado financiero que terminó en una profunda crisis.

Uno de los casos es el de Wels S.A., dedicada al tratamiento de residuos patológicos, donde Manuel Peña, hermano del mandatario, figuró como presidente del directorio, mientras Gonzalo Peña, hijo del jefe de Estado, ocupó el cargo de director suplente.

Las contrataciones vinculadas a esta empresa alcanzaron cifras millonarias. Antes del inicio del Gobierno de Peña se registraban adjudicaciones por aproximadamente G. 33.700 millones, mientras que durante su administración se reportaron contratos por alrededor de G. 121.500 millones.

En junio de 2023, antes de la asunción presidencial, el Instituto de Previsión Social adjudicó a Wels un contrato por G. 8.197 millones. La operación merece un examen exhaustivo sobre las condiciones de competencia, los procedimientos de adjudicación y los vínculos societarios existentes al momento de la licitación.

Otro elemento que requiere aclaración es el movimiento accionario de Manuel Peña, quien había concentrado prácticamente la totalidad del capital de Wels. Sus acciones fueron transferidas en mayo de 2023, poco antes de iniciarse un proceso licitatorio del IPS. La compañía sostiene que los familiares del presidente ya no integraban su estructura cuando se produjo la adjudicación. Corresponde verificar si la desvinculación fue definitiva y si permanecieron intereses económicos posteriores.

Pero los negocios relacionados con el entorno presidencial no terminan en las contrataciones públicas.

Francisco Peña, otro hermano del mandatario, figuró como accionista de U Holdings, una sociedad constituida en Luxemburgo y relacionada con la estructura empresarial de ueno Bank. Su participación se extendió entre marzo de 2024 y abril de 2025.

El propio Santiago Peña declaró acciones por G. 6.144 millones en ueno Holding al inicio de su mandato, participación que posteriormente vendió. También registró un incremento significativo de sus certificados de depósito de ahorro en la entidad bancaria.

Estas relaciones económicas adquieren especial relevancia por las inversiones realizadas con fondos públicos y las decisiones adoptadas durante su gobierno respecto del sistema financiero.

Aparece además MUAR SRL, empresa vinculada a Gonzalo Peña y su esposa Serenella Argaña. A esta sociedad se le atribuye una deuda de G. 8.819 millones con ueno Bank, conforme a una nómina de deudores difundida públicamente, cuyo contenido debe ser autenticado por las autoridades.

De confirmarse esa obligación, corresponderá determinar las condiciones de otorgamiento, las garantías exigidas y los controles aplicados a la operación crediticia.

El IPS también concentra interrogantes. La previsional adjudicó contratos a Wels y realizó inversiones en instrumentos financieros de ueno Bank. Son operaciones distintas, pero ambas requieren transparencia respecto de sus responsables, beneficiarios y fundamentos técnicos.

La gran pregunta es hasta dónde llegaron los vínculos entre los negocios familiares y las decisiones del Gobierno.

La existencia de empresas vinculadas a parientes del presidente no constituye automáticamente un delito. Sin embargo, cuando esos negocios coinciden con adjudicaciones estatales, inversiones públicas y relaciones económicas con entidades reguladas por el propio Estado, la obligación de investigar resulta ineludible.

La Fiscalía debe establecer si existieron actos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio u otros hechos punibles. También debe determinar si se utilizaron posiciones de poder para obtener ventajas que no habrían estado disponibles en condiciones normales de competencia.

No corresponde atribuir responsabilidades penales colectivas por vínculos familiares. Cada participación debe analizarse individualmente, sobre la base de documentos, movimientos financieros y decisiones concretas.

La renuncia de Santiago Peña no representa el cierre de las investigaciones ni elimina eventuales responsabilidades judiciales.

Las autoridades deben reconstruir las operaciones societarias, identificar a los verdaderos beneficiarios de los contratos, examinar el origen y destino de los fondos y establecer si existió alguna intervención indebida del Ejecutivo.

Si se comprueba que funcionarios utilizaron sus cargos para beneficiar ilegalmente a familiares o allegados, deberán responder ante la Justicia, independientemente de su apellido, fortuna o influencia política.

El caso exige mucho más que explicaciones públicas o declaraciones de desvinculación empresarial. Exige documentos, pericias, trazabilidad financiera y decisiones judiciales respaldadas por pruebas.

Paraguay necesita conocer si los negocios vinculados al entorno de Santiago Peña crecieron por capacidad empresarial y competencia legítima o si recibieron ventajas indebidas desde el poder político.

La respuesta no puede quedar enterrada entre cambios de accionistas, renuncias y comunicados empresariales.

Porque la Presidencia de la República no es una empresa familiar, los recursos del Estado no son patrimonio privado y la Justicia debe investigar a todos los involucrados, sin privilegios ni excepciones.

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