La crisis de ueno bank deja al descubierto mucho más que un grave problema financiero: expone una cadena de decisiones políticas, millonarias colocaciones de fondos públicos, cuestionamientos a los organismos de control y un silencio que exige explicaciones. Santiago Peña, Pedro Alliana, Basilio Núñez, Horacio Cartes y las autoridades del Banco Central deben responder qué sabían, desde cuándo lo sabían y qué hicieron para proteger el dinero de los paraguayos.
La crisis de ueno bank no puede terminar con una simple resolución administrativa, una intervención bancaria y discursos tranquilizadores del Gobierno. Lo ocurrido exige una investigación profunda sobre las responsabilidades políticas, económicas, administrativas y eventualmente penales de quienes tenían la obligación de prevenir una situación de semejante gravedad.
¿Quiénes sabían? ¿Desde cuándo? ¿Por qué callaron? ¿Quién permitió que cientos de millones de dólares de los jubilados quedaran expuestos a una entidad cuya solvencia terminó desplomándose?
Son preguntas que el presidente de la República, Santiago Peña, no puede seguir eludiendo.
El Banco Central del Paraguay resolvió el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal requerido. La medida, anunciada el 3 de noviembre, constituye la confirmación oficial de una situación financiera extremadamente grave.
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Pero la crisis no comenzó ayer. Durante meses existieron cuestionamientos públicos, advertencias sobre la concentración de recursos y pedidos de explicaciones que debieron encender todas las alarmas.
Santiago Peña debe explicar sus vínculos y sus decisiones
El presidente Santiago Peña no puede presentarse como un simple espectador de esta crisis.
Su antecedente como accionista de Credicentro, empresa posteriormente denominada ueno Holding, vinculada al mismo grupo empresarial que controla ueno bank, constituye un elemento que merece un examen riguroso. Aunque representantes de la entidad han negado que Peña haya sido accionista directo del banco, ese deslinde societario no elimina la necesidad de esclarecer sus relaciones económicas históricas y cualquier eventual conflicto de intereses.
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El país necesita saber cuándo se desvinculó efectivamente de esas inversiones, qué intereses patrimoniales mantuvo y si existieron circunstancias que pudieran haber condicionado las decisiones de su administración.
Porque una cosa es haber tenido negocios privados y otra muy distinta es ejercer la Presidencia de la República mientras instituciones públicas colocan recursos multimillonarios en entidades relacionadas con antiguos intereses empresariales del mandatario.
No estamos afirmando que exista un delito demostrado. Estamos exigiendo que se investigue una relación que, por su dimensión política y económica, no puede quedar protegida por explicaciones superficiales.
Los millones del IPS: ¿quién cuidó el dinero de los jubilados?
Uno de los capítulos más preocupantes de esta crisis involucra al Instituto de Previsión Social.
Durante la administración de Peña, las colocaciones del IPS en ueno bank crecieron hasta alcanzar aproximadamente 345 millones de dólares, de acuerdo con cifras expuestas por responsables de inversiones de la previsional.
Estamos hablando de recursos vinculados a las jubilaciones de miles de trabajadores paraguayos. Dinero que debe ser administrado con prudencia, transparencia y estrictos controles.
La Contraloría General de la República ya había planteado observaciones relacionadas con la concentración de inversiones y la necesidad de una mayor diversificación.
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¿Quién autorizó semejante exposición? ¿Qué evaluaciones de riesgo se realizaron? ¿Qué garantías se exigieron? ¿Qué sabía el Consejo de Administración del IPS sobre la verdadera situación patrimonial de ueno bank?
La responsabilidad no termina en los directivos bancarios. También debe examinarse la actuación de quienes administraron y supervisaron el dinero de los asegurados.
Si existieron irregularidades, omisiones deliberadas o decisiones destinadas a favorecer intereses particulares, la Fiscalía deberá establecer los hechos y las responsabilidades correspondientes.
Basilio Núñez y el informe secreto: ¿qué sabía el Congreso?
El 7 de octubre de 2026, el Banco Central entregó al Congreso Nacional un informe reservado de 31 fojas, en respuesta a pedidos de información sobre entidades financieras, entre ellas ueno bank.
La documentación llegó en sobre cerrado, bajo el deber legal de confidencialidad, y fue dirigida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
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Aquí surge otro interrogante de enorme gravedad política.
¿Qué contenía ese informe? ¿Se advertía sobre la situación patrimonial de ueno bank? ¿Basilio Núñez conocía la magnitud del problema? ¿Informó a otros integrantes del poder político?
La existencia del documento está confirmada. Lo que todavía debe establecerse es si su contenido revelaba los problemas de solvencia que finalmente motivaron la resolución del BCP.
También debe investigarse si esa información fue comunicada a Horacio Cartes, presidente de la ANR, y si las reuniones políticas posteriores abordaron medidas para enfrentar la crisis bancaria.
Si se confirma que las máximas autoridades conocían anticipadamente el riesgo y omitieron actuar dentro de sus competencias, estaríamos frente a una responsabilidad institucional de enorme magnitud.
La confidencialidad bancaria tiene una finalidad legítima: proteger información sensible. Pero el secreto bancario no puede convertirse en un escudo para ocultar eventuales negligencias, irregularidades o encubrimientos.
Cartes, Peña y Alliana: ¿una crisis administrada entre cuatro paredes?
Las reuniones y conversaciones políticas en torno a ueno bank colocan también bajo cuestionamiento el papel del expresidente Horacio Cartes y del vicepresidente Pedro Alliana.
Alliana reconoció el 2 de noviembre que Peña le había informado sobre negociaciones para que otra entidad financiera absorbiera ueno bank. Esto confirma que, antes del anuncio formal de la resolución bancaria, las máximas autoridades del Ejecutivo ya discutían posibles salidas para la entidad.
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Ahora corresponde esclarecer desde cuándo comenzaron esas conversaciones y quiénes participaron.
¿Horacio Cartes fue informado previamente sobre la dimensión del problema? ¿Se convocó a Peña y Alliana para exigirles una solución? ¿Qué decisiones se tomaron y por qué no fueron explicadas oportunamente a la ciudadanía?
Son interrogantes que requieren pruebas y respuestas públicas, no versiones acomodadas a los intereses de cada sector político.
Porque el Estado paraguayo no puede funcionar como una mesa privada de negociación entre dirigentes partidarios cuando están comprometidos los ahorros de la población y los recursos de los jubilados.
Carlos Carvallo: de la conducción de ueno al Banco Central
La situación del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, merece un capítulo especial.
Carvallo presidió la entidad que operaba bajo la marca ueno en 2021, según consta en la propia memoria institucional de la empresa, que lo identifica como presidente de su plana directiva a marzo de 2022. Posteriormente, en septiembre de 2023, asumió la presidencia del BCP.
ueno – Banco Digital+1
Este antecedente plantea una cuestión fundamental: la independencia del organismo supervisor.
¿Se adoptaron medidas suficientes para prevenir eventuales conflictos de intereses? ¿Qué participación tuvo Carvallo en las decisiones regulatorias que afectaron a la entidad? ¿Cuándo conoció el Directorio del BCP la verdadera magnitud del deterioro patrimonial?
El Banco Central deberá explicar por qué, después de un proceso de regularización, terminó constatándose una insuficiencia de solvencia tan severa.
Carlos Carvallo debe poner su cargo a disposición, al igual que los miembros del Directorio del BCP, para permitir una revisión independiente de todas las actuaciones de supervisión relacionadas con ueno bank.
No se trata de una condena anticipada, sino de una exigencia elemental de responsabilidad institucional ante una crisis que ha golpeado la confianza pública.
El Congreso tampoco puede lavarse las manos
La actuación del Poder Legislativo también debe ser examinada.
Corresponde revisar todas las modificaciones legales aprobadas en materia bancaria, garantías de depósitos, resolución de entidades financieras y responsabilidad de administradores.
Si existieron cambios normativos orientados a disminuir responsabilidades o favorecer intereses particulares, deberán identificarse sus impulsores, beneficiarios y consecuencias.
La legislación bancaria paraguaya contempla responsabilidades específicas para los directivos que incumplan sus obligaciones de gestión, información y control.
Bacn
Por eso, ninguna reforma puede ser utilizada como excusa para conceder impunidad frente a eventuales hechos punibles.
Los legisladores que tuvieron acceso a información sensible deben explicar qué mecanismos de control promovieron y cuáles fueron los resultados.
No basta con pedir informes, recibirlos en sobres cerrados y después guardar silencio mientras la crisis avanza.
La Fiscalía debe intervenir: ni impunidad ni privilegios
La gravedad de los hechos exige una actuación diligente del Ministerio Público.
La Fiscalía debe evaluar la apertura de una investigación que permita reconstruir las operaciones financieras, las decisiones de inversión de recursos públicos, las actuaciones de los organismos supervisores y las eventuales responsabilidades de directivos, administradores y funcionarios.
También corresponde determinar si existieron ocultamientos de información, balances irregulares, decisiones incompatibles con los deberes legales o cualquier otra conducta susceptible de configurar hechos punibles.
Las autoridades competentes deberán verificar la situación de los principales responsables de la administración bancaria y evaluar, con fundamentos legales, las medidas necesarias para preservar documentos, activos y asegurar su comparecencia ante la Justicia.
No se puede permitir que los costos de una mala administración, si esta se confirma, sean trasladados a los ahorristas, jubilados y contribuyentes mientras los eventuales responsables eluden las consecuencias.
Peña debe asumir la responsabilidad política
El presidente Santiago Peña fue elegido para gobernar el Paraguay, no para proteger intereses empresariales ni administrar silenciosamente crisis que comprometen recursos públicos.
La responsabilidad política de un jefe de Estado no depende exclusivamente de que exista una condena judicial. También se mide por su capacidad para prevenir riesgos, garantizar instituciones independientes, exigir controles y dar respuestas cuando la confianza pública se encuentra amenazada.
Peña debe explicar qué sabía sobre ueno bank, cuándo fue informado de sus problemas financieros, qué medidas impulsó y por qué la situación llegó hasta este punto.
Pedro Alliana debe responder por su participación en las conversaciones y decisiones del Ejecutivo.
Basilio Núñez debe aclarar qué información recibió y qué actuaciones promovió desde el Congreso.
Horacio Cartes debe esclarecer su eventual participación en las gestiones políticas relacionadas con la crisis.
Carlos Carvallo y el Directorio del BCP deben rendir cuentas sobre la supervisión bancaria.
Y los responsables de administrar ueno bank deberán someterse a las investigaciones correspondientes.
Si se comprueba que autoridades conocieron irregularidades graves y deliberadamente las ocultaron o facilitaron, no deberían permanecer en sus cargos y deberán afrontar las consecuencias legales de sus actos.
El silencio también tiene un costo
La crisis de ueno bank ya no es solamente un problema de balances, índices de solvencia o decisiones financieras.
Es una prueba para las instituciones de la República y, especialmente, para un Gobierno que deberá demostrar si está dispuesto a investigar incluso a quienes forman parte de su propio círculo de poder.
La resolución bancaria podrá organizar la protección de los depositantes, pero no resolverá por sí sola las responsabilidades políticas que deben esclarecerse.
No puede haber protección para los poderosos y consecuencias únicamente para los ciudadanos. No puede haber secreto para las autoridades y explicaciones tardías para los jubilados. No puede haber impunidad si se comprueban delitos.
Paraguay necesita respuestas, documentos, investigaciones independientes y responsables que rindan cuentas.
Porque cuando están en juego cientos de millones de dólares de los trabajadores y la confianza del sistema financiero, el silencio político deja de ser una cuestión secundaria.
Y Santiago Peña, como presidente de la República, tiene la máxima obligación política de responder.
Editorial de Canal-E.