Un juzgado concedió un amparo constitucional a 13 personas vinculadas al entorno familiar y empresarial del expresidente Santiago Peña, restringiendo la entrega de documentos reservados que se encuentran en poder del Ministerio de Economía y Finanzas. La medida fue dictada el 5 de noviembre, apenas un día antes de la destitución del exmandatario.
En medio de la crisis política y financiera que sacude al Paraguay tras el caso Ueno Bank, una resolución judicial vuelve a colocar al entorno familiar del expresidente Santiago Peña en el centro de la atención pública.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Secretaría N.º 22, hizo lugar a una acción de amparo constitucional promovida por 13 personas, entre ellas familiares y allegados del exmandatario, contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La decisión obliga a la institución estatal a abstenerse de entregar documentación de carácter reservado perteneciente a los accionantes, salvo que exista una orden judicial expresa o que el requerimiento provenga de un organismo estatal legalmente habilitado.
UNA PROTECCIÓN JUDICIAL EN UN MOMENTO CLAVE
Uno de los aspectos que genera mayor atención es la fecha de la resolución.
La medida fue concedida el jueves 5 de noviembre de 2026, apenas 24 horas antes de que Santiago Peña fuera destituido de la Presidencia de la República mediante juicio político.
La coincidencia temporal adquiere relevancia en un escenario marcado por investigaciones sobre operaciones financieras, movimientos patrimoniales y presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank.
Sin embargo, no existen elementos suficientes para afirmar que la acción judicial haya tenido como finalidad obstaculizar una investigación penal.
¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIADOS?
Entre las personas que promovieron el amparo figuran:
- Ana María Palacios de Peña.
- José Cayetano Peña Nieto.
- Gonzalo Peña Ocampos.
- Manuel Peña Palacios.
- Francisco Peña Palacios.
- Leticia Ocampos Villate.
- Serenella Argaña Scavone.
También aparecen otros integrantes del entorno familiar y empresarial del expresidente.
La resolución alcanza documentos considerados reservados que se encuentran almacenados en dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas.
DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES
La medida judicial está relacionada con solicitudes de información sobre participaciones societarias, estructuras empresariales y vínculos comerciales de los accionantes.
En los antecedentes del expediente aparecen referencias a distintas sociedades comerciales, lo que coloca en discusión los límites entre la protección de información privada y el derecho de acceso a datos de interés público.
La decisión del juzgado no establece una prohibición absoluta de acceso a la documentación.
El Ministerio de Economía podrá entregar los documentos cuando exista una orden judicial expresa o cuando sean requeridos por instituciones estatales facultadas legalmente para acceder a esa información.
EL CASO UENO BANK Y LAS INVESTIGACIONES SOBRE PEÑA
La resolución se conoce mientras avanzan investigaciones penales relacionadas con el manejo de recursos públicos y operaciones financieras vinculadas a Ueno Bank.
El propio Santiago Peña fue imputado el 7 de noviembre por el Ministerio Público, en una causa relacionada con presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en la entidad bancaria.
La Fiscalía atribuye al exmandatario presuntos hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Estas imputaciones deberán ser examinadas por la Justicia y no constituyen una declaración de culpabilidad.
Tampoco se ha establecido que los documentos alcanzados por el amparo formen parte de las evidencias de esa investigación.
¿PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD O LÍMITE A LA TRANSPARENCIA?
El amparo constitucional constituye una garantía reconocida por el ordenamiento jurídico paraguayo. Su utilización para proteger documentación reservada puede resultar legítima cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
Sin embargo, tratándose de familiares y personas vinculadas al entorno de un expresidente investigado penalmente, la decisión plantea interrogantes de indudable interés público.
¿Qué documentos específicos están protegidos? ¿Qué sociedades y operaciones abarcan? ¿Y hasta dónde puede restringirse el acceso a información patrimonial cuando existen investigaciones sobre la utilización de recursos públicos?
Son cuestiones que requieren respuestas institucionales claras, respetando tanto las garantías constitucionales de los accionantes como las facultades de investigación de los organismos competentes.
La resolución no impide que la Fiscalía investigue ni que un juez ordene el acceso a documentación pertinente.