El especialista en empleo Enrique López Arce reclamó que se respeten los derechos laborales de los aproximadamente 600 trabajadores cuyos puestos estarían comprometidos por la crisis de Ueno Bank. Advirtió que limpiadores, guardias de seguridad, cajeros y otros funcionarios no deben quedar desprotegidos y exigió celeridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales.
La crisis financiera de Ueno Bank no solamente genera incertidumbre entre miles de ahorristas. También pone en el centro de la preocupación a cientos de trabajadores que dependen de sus salarios para sostener a sus familias.
El especialista en empleo Enrique López Arce lanzó un contundente reclamo para que las autoridades encargadas del procedimiento de resolución bancaria garanticen el respeto a los derechos de los empleados.
“Primero los trabajadores, por ley”, expresó el profesional, al insistir en la necesidad de proteger los créditos laborales y evitar que los funcionarios terminen soportando las consecuencias económicas de la situación de la entidad.
600 PUESTOS DE TRABAJO EN JUEGO
De acuerdo con la cifra mencionada por López Arce, alrededor de 600 empleos estarían en riesgo como consecuencia de la crisis bancaria.
El especialista recordó que detrás de cada puesto de trabajo existe una familia que depende de esos ingresos para cubrir alimentación, vivienda, educación y otras necesidades básicas.
Entre los sectores que mencionó se encuentran trabajadores de limpieza, guardias de seguridad, cajeros y otros empleados que cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de la entidad.
Para López Arce, la protección de los sectores laborales más vulnerables debe convertirse en una prioridad durante el proceso.
LA LEY CONTEMPLA PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES
La Ley N.º 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras, contempla expresamente los derechos de los empleados de instituciones sometidas a este procedimiento.
Su artículo 17 establece que los interventores deben determinar los beneficios sociales correspondientes a los trabajadores, con las excepciones previstas para determinados cargos directivos.
Asimismo, el artículo 26 contempla una preferencia de cobro para trabajadores que no sean transferidos a entidades adquirentes, dentro del procedimiento legal correspondiente.
Estas disposiciones no significan que todos los salarios y beneficios laborales deban abonarse automáticamente antes que cualquier depósito bancario. La ley establece mecanismos y órdenes específicos según la naturaleza de las obligaciones.
EXIGEN CELERIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES
López Arce reclamó que las autoridades actúen con rapidez para evitar que la incertidumbre financiera termine agravando la situación económica de los trabajadores.
“Se debe respetar la ley laboral”, insistió.
El especialista puso especial énfasis en quienes perciben menores ingresos y carecen de recursos suficientes para enfrentar una eventual interrupción del pago de salarios.
El planteamiento también obliga a considerar la situación de los trabajadores tercerizados, cuyos derechos y eventuales reclamos dependerán de sus respectivos vínculos contractuales.
LA CRISIS NO DEBE DEJAR DESPROTEGIDOS A LOS EMPLEADOS
Mientras el Banco Central del Paraguay desarrolla el procedimiento de resolución de Ueno Bank, crecen las interrogantes sobre el futuro de sus funcionarios.
La situación exige claridad sobre la continuidad de los contratos laborales, el pago de salarios pendientes, los beneficios sociales y las eventuales indemnizaciones que pudieran corresponder.
El reclamo de López Arce pone sobre la mesa una cuestión fundamental: además de proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero, las autoridades deben garantizar que se respeten los derechos de quienes trabajan para la entidad.