La crisis política que sacude a Honor Colorado también pone bajo la lupa al gabinete del presidente Santiago Peña. Mientras Horacio Cartes y Pedro Alliana transitan caminos políticos cada vez más distantes, varios ministros con trayectoria colorada evitan definir públicamente sus posiciones. Fuertes rumores apuntan a que no todos están conformes con las decisiones del mandatario, pero por ahora prefieren permanecer en sus cargos. “Hay que obedecer, él tiene la lapicera. En febrero o marzo veremos cómo seguir”, sería la postura que algunos transmiten en sus entornos políticos.
La ruptura política dentro de Honor Colorado no solamente expone las diferencias entre sus principales dirigentes. También abre un interrogante sobre la verdadera identidad política del gabinete del presidente Santiago Peña, integrado por varios ministros que llegaron al Gobierno con el respaldo de un proyecto partidario encabezado por Horacio Cartes.
Resulta llamativo que, en medio de una de las crisis más importantes del oficialismo, dirigentes colorados que hoy ocupan cargos de enorme responsabilidad política, administrativa y presupuestaria mantengan una evidente prudencia a la hora de expresar sus posiciones.
Uno de los pocos que habló con claridad fue el ministro del Interior, Enrique Riera, quien lamentó el acercamiento político entre Horacio Cartes y el expresidente Mario Abdo Benítez, y manifestó su decisión de permanecer junto a Santiago Peña y Pedro Alliana.
Por su parte, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, reafirmó su lealtad a Cartes, renunció a sus aspiraciones de integrar una fórmula presidencial para el 2028 y continúa formando parte del gabinete de Peña.
Es decir, dos ministros del mismo Gobierno han expresado posiciones políticas diferentes, sin que hasta ahora esa situación haya provocado una ruptura institucional.
Pero el interrogante alcanza a otros nombres.
¿Dónde están Tadeo Rojas, Carlos Giménez y los demás funcionarios con antecedentes políticos que ocupan posiciones de poder dentro del Ejecutivo?
Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, tiene una extensa trayectoria en el Partido Colorado y en Honor Colorado. Carlos Giménez, ministro de Agricultura y Ganadería, también cuenta con antecedentes políticos dentro del coloradismo. Ambos administran instituciones de enorme relevancia social y económica.
¿Respaldan el proyecto presidencial de Pedro Alliana? ¿Mantienen su lealtad política a Horacio Cartes? ¿O consideran conveniente esperar hasta que se defina la correlación de fuerzas dentro del oficialismo?
Son preguntas legítimas para quienes no solamente ejercen funciones públicas, sino que también tienen antecedentes de participación política activa.
A la lista se suma Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, cuyo nombre figura entre los posibles compañeros de fórmula de Alliana. Su situación presenta una particularidad: mientras forma parte del Gobierno, también aparece involucrado en las discusiones sobre la sucesión presidencial.
“Por ahora hay que obedecer, él tiene la lapicera”
En medio de esta incertidumbre, fuertes rumores que circulan en ámbitos políticos del oficialismo señalan que no todos los integrantes del gabinete estarían de acuerdo con las decisiones que viene tomando Santiago Peña, especialmente en lo relacionado con el nuevo escenario político que enfrenta a los principales referentes del cartismo.
Según estas versiones, algunos ministros habrían manifestado en sus círculos de confianza su disconformidad con determinadas decisiones del mandatario, aunque consideran que todavía no llegó el momento de exteriorizar sus diferencias.
“No es momento de salir. Por ahora hay que obedecer, él tiene la lapicera. En febrero o marzo veremos cómo seguir”, sería una de las expresiones que, de acuerdo con estas versiones, circula entre personas cercanas a integrantes del gabinete.
La frase, cuya atribución individual no ha podido ser corroborada, resulta políticamente significativa porque refleja una posible estrategia de espera entre determinados sectores del oficialismo.
La referencia a la lapicera apunta directamente al poder que conserva Santiago Peña para nombrar y remover ministros, una facultad constitucional que, en el actual escenario de confrontación interna, adquiere una importancia política particular.
De confirmarse estas versiones, la aparente tranquilidad del gabinete no necesariamente reflejaría una coincidencia política entre todos sus integrantes, sino una convivencia sostenida por la necesidad de preservar la estabilidad de sus respectivas posiciones.
¿Hasta febrero o marzo? ¿Qué esperan que ocurra para entonces? ¿Una recomposición del cartismo, un nuevo liderazgo o un escenario más favorable para tomar decisiones políticas?
Son interrogantes que surgen de estas versiones, todavía sin confirmación pública de los ministros mencionados.
El silencio puede ser políticamente cómodo, pero no sustituye una definición
Los ministros no tienen obligación legal de elegir públicamente entre Cartes y Alliana. Su responsabilidad constitucional es servir al Estado y cumplir las funciones que les corresponden. Sin embargo, quienes mantienen protagonismo partidario tampoco pueden pretender que su conducta política quede al margen del escrutinio ciudadano.
Durante años, Honor Colorado construyó un esquema de poder político que permitió llegar a la Presidencia de la República, conquistar espacios parlamentarios y ocupar importantes instituciones del Estado.
Ahora que aparecen diferencias entre sus principales referentes, corresponde preguntar qué posiciones sostienen aquellos dirigentes que llegaron al gabinete dentro de ese mismo proyecto.
La discusión, además, no termina en los ministerios.
También alcanza a dirigentes colorados que encabezan entidades públicas de gran peso económico y político, como Justo Zacarías Irún en Itaipú, Luis Benítez Cuevas en Yacyretá y Luis Fernando Bernal en ESSAP.
Se trata de funcionarios cuyas actuaciones, declaraciones y vínculos políticos también merecen seguimiento, especialmente cuando el oficialismo comienza a reorganizarse con vistas a las elecciones generales del 2028.
¿Lealtad al presidente, fidelidad al movimiento o conveniencia política?
La crisis deja planteada una cuestión de fondo: si Santiago Peña es el conductor político de su Gobierno, ¿cómo administrará un gabinete cuyos integrantes pueden responder a liderazgos partidarios diferentes?
Y si algunos ministros se consideran dirigentes activos de Honor Colorado, ¿qué posición asumirán cuando llegue el momento de respaldar candidaturas, organizar movimientos y participar en las internas coloradas?
Los rumores sobre posibles desacuerdos internos agregan otro elemento a la discusión. Si realmente existen ministros que discrepan con el presidente, pero consideran necesario obedecer mientras conserva la facultad de decidir sobre sus cargos, la pregunta política es inevitable: ¿están sosteniendo al Gobierno por convicción o simplemente esperando el momento oportuno para tomar otro camino?
No se trata de exigir renuncias ni de convertir la administración pública en un campo de batalla electoral. Se trata de reclamar claridad a quienes ocupan espacios de poder y, al mismo tiempo, mantienen compromisos políticos.
Porque una cosa es la necesaria disciplina administrativa dentro de un Gobierno y otra muy diferente sería utilizar la permanencia en los cargos como una cuestión de conveniencia política.
La crisis de Honor Colorado ya comenzó a mostrar quiénes están dispuestos a fijar posición y quiénes prefieren evitar definiciones públicas.
Mientras Cartes y Alliana reconfiguran sus espacios, Santiago Peña mantiene la lapicera y, con ella, la facultad de decidir la continuidad de sus ministros.
Pero si las versiones que circulan en el oficialismo tienen fundamento, febrero o marzo podrían convertirse en meses de nuevas definiciones políticas dentro del gabinete.
Por ahora, la lapicera la tiene Peña. La gran incógnita es cuántos de sus ministros continuarán a su lado cuando ya no consideren necesario obedecer.