El escándalo de Ueno Bank desata graves cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos durante el gobierno de Santiago Peña. Su participación accionaria en Ueno Holding, los multimillonarios depósitos del IPS y la crisis que dejó a miles de paraguayos sin acceso a sus ahorros alimentan las sospechas de un esquema de negocios montado desde las más altas esferas del poder.

Todo apunta a lo que debe investigarse como un posible asalto premeditado y alevoso a los fondos públicos, desde el propio Gobierno de la República. Nada más y nada menos que desde el entorno de la Presidencia.

Santiago Peña debe responder por las decisiones adoptadas bajo su administración y explicar hasta dónde llegaron sus vínculos con los principales beneficiarios de este escándalo financiero.

Incluso el Congreso Nacional terminó modificando la denominada ley de puertas giratorias, mediante cambios promulgados por el propio Santiago Peña. Una modificación que genera serias interrogantes sobre los mecanismos de prevención de conflictos de intereses entre funcionarios públicos y empresas privadas.

Una vez modificada esa legislación, el crecimiento de Ueno Bank y la concentración multimillonaria de fondos públicos en la entidad avanzaron a un ritmo extraordinario.

Y no hablamos solamente del dinero del Instituto de Previsión Social (IPS). También están en discusión los recursos de otras instituciones públicas.

¿Fue todo una simple coincidencia o se preparó el terreno para facilitar negocios particulares utilizando el aparato del Estado?

Nuestra crítica es contundente: existen motivos suficientes para investigar si se montó un esquema para vaciar los fondos públicos y favorecer intereses personales.

Porque si alguien nos dijera que tomaron esos recursos para capitalizar y desarrollar una empresa sólida, capaz de generar ganancias y devolver hasta el último guaraní del dinero público, al menos estaríamos hablando de una inversión que debería examinarse.

Pero lo que hoy se investiga es muchísimo más grave.

Las sospechas sobre préstamos a empresas vinculadas, operaciones crediticias cuestionadas y el destino de millonarios recursos obligan a determinar si existieron empresas de fachada para vaciar el propio banco que sus responsables habían construido.

¿Se llevaron el dinero para comprar mansiones, vehículos de alta gama y acumular fortunas personales? ¿Quiénes fueron los beneficiarios finales?

Son interrogantes que deben investigarse hasta sus últimas consecuencias. Si se comprueba que hubo ladrones que se apropiaron del patrimonio de los paraguayos, deben terminar en la cárcel.

Y Santiago Peña, por sus vínculos empresariales y por su responsabilidad como presidente de la República, no puede quedar fuera de esa investigación.

Ueno Bank: de financiera a banco en pleno gobierno de Peña

Acá presentamos el detalle de cómo se desarrolló Ueno Bank y su transformación en entidad bancaria, apenas unos meses después de la asunción de Santiago Peña como presidente de la República.

• 28 de febrero de 2022: comienza la etapa de Ueno, tras la adquisición de Financiera El Comercio por el Grupo Vázquez.

• 15 de agosto de 2023: Santiago Peña asume la Presidencia de la República.

• Septiembre de 2023: Ueno, todavía como financiera, ya registraba una colocación de aproximadamente G. 70.000 millones del IPS.

• 22 de noviembre de 2023: el Banco Central del Paraguay autoriza su transformación en banco mediante la Resolución N.º 22, Acta N.º 67.

• 20 de diciembre de 2023: Ueno Bank inicia formalmente sus operaciones como banco.

• Marzo de 2025: Santiago Peña se desprende de su participación accionaria en Ueno Holding, que había declarado por un valor de G. 6.144 millones.

• 2 de noviembre de 2026: el Banco Central dispone iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar una grave situación de solvencia.

En un tiempo récord, Ueno Bank se transformó, creció de manera extraordinaria y terminó sumido en una crisis que dejó a miles de paraguayos en la incertidumbre, sin ninguna contemplación por el sacrificio de quienes depositaron allí el fruto de años de trabajo.

Y hay algo que resulta todavía más indignante: mientras Ueno Bank recibía enormes sumas de dinero público, el presidente de la República mantenía una participación accionaria en el conglomerado empresarial vinculado a la entidad.

¿Cómo puede un presidente tener intereses empresariales vinculados a un banco que recibe multimillonarios fondos públicos durante su administración y pretender después que nadie le exija explicaciones?

Los fondos del IPS y el multimillonario negocio

Los datos muestran que los fondos públicos depositados en Ueno crecieron de manera extraordinaria durante el gobierno de Santiago Peña.

Al cierre de diciembre de 2025, la entidad registraba más de G. 3,2 billones en recursos públicos denominados en guaraníes.

Estamos hablando de una suma gigantesca, vinculada al patrimonio del Estado y al dinero de miles de trabajadores y jubilados paraguayos.

Y ahora resulta que el banco entra en un procedimiento de resolución financiera.

¿Dónde está la plata?

¿Quién autorizó semejantes depósitos?

¿Quiénes se beneficiaron?

¿Quién permitió que se llegara a esta situación?

¿Y qué sabía Santiago Peña de todo esto?

No estamos hablando de dinero caído del cielo. Estamos hablando del sacrificio de miles de paraguayos que trabajan todos los días para sostener a sus familias.

Si se confirma que se utilizaron los fondos públicos para enriquecer a particulares, estamos ante un robo al pueblo paraguayo que merece el máximo castigo previsto por la ley.

Santiago Peña debe renunciar y responder ante la Justicia

Sostenemos que Santiago Peña debe renunciar a la Presidencia de la República y someterse a una investigación independiente y exhaustiva.

Y si no renuncia, la clase política debe evaluar su destitución mediante el juicio político previsto en la Constitución Nacional.

No puede continuar como si nada hubiese ocurrido.

No puede limitarse a grabar videos, pedir tranquilidad o prometer que devolverán el dinero mientras miles de familias viven angustiadas por sus ahorros.

SANTIAGO PEÑA DEBE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA Y, SI SE COMPRUEBA SU PARTICIPACIÓN EN HECHOS PUNIBLES, SU LUGAR DEBE SER LA CÁRCEL.

No debe haber privilegios para nadie.

Si hubo ladrones que se aprovecharon del poder político para apropiarse del dinero público, deben ser identificados, procesados y condenados.

Y si Santiago Peña fue la cabeza de un esquema de esa naturaleza, debe recibir el castigo que corresponde, sin protección de ningún sector político.

Se burlaron de la gente y de las instituciones

Lo ocurrido constituye una burla a la confianza de los paraguayos.

Una burla a los trabajadores.

Una burla a los jubilados.

Una burla a los ahorristas.

Una burla a las instituciones que debían proteger el dinero público.

Y también representa un golpe demoledor a la credibilidad del Partido Colorado, de sus dirigentes y hasta del propio Horacio Cartes, quien sostuvo políticamente a Santiago Peña y respaldó su llegada al poder.

Hoy ese mismo Gobierno enfrenta una crisis que amenaza con arrastrar la confianza ciudadana en todo el sistema.

¿Hasta cuándo los paraguayos tendrán que pagar las consecuencias de los negocios de quienes gobiernan?

No puede ser que unos pocos acumulen fortunas mientras miles de ciudadanos quedan atrapados en la incertidumbre de no saber cuándo recuperarán su dinero.

No puede ser que los responsables políticos se laven las manos y pretendan que todo termine con la salida de algunos directivos o funcionarios.

SANTIAGO PEÑA DEBE IR PRESO SI SE COMPRUEBA SU RESPONSABILIDAD

Nuestra posición editorial es clara: exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias a Santiago Peña, a los responsables de Ueno Bank y a todos los funcionarios que hayan participado en decisiones irregulares relacionadas con los fondos públicos.

No queremos impunidad. No queremos encubrimientos. No queremos que los poderosos terminen protegidos mientras el pueblo paga las consecuencias.

Si se demuestra que desde el Gobierno se preparó, con premeditación y alevosía, un mecanismo para apropiarse de recursos públicos, estaremos ante uno de los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia reciente.

Y quienes hayan cometido esos delitos, sean empresarios, ministros, directivos bancarios o el propio presidente de la República, deberán terminar tras las rejas.

SANTIAGO PEÑA DEBE IR PRESO SI LA JUSTICIA COMPRUEBA SU PARTICIPACIÓN. Y EL PARAGUAY NO DEBE ACEPTAR QUE EL PODER POLÍTICO SIRVA PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD.

Porque el dinero público no pertenece a Santiago Peña, a sus amigos ni a ningún grupo empresarial.

EL DINERO ES DEL PUEBLO PARAGUAYO. Y EL PUEBLO EXIGE QUE SE LO DEVUELVAN.