La crisis de Ueno Bank deja al descubierto una preocupante concentración de recursos del Estado y de cajas previsionales en una misma entidad financiera. El IPS, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja Bancaria, la Caja de Itaipú y la Caja de Jubilaciones de la ANDE figuran entre las instituciones afectadas. Detrás de las colocaciones aparecen decisiones de consejos de administración, comités de inversiones y autoridades designadas durante el gobierno de Santiago Peña. La gran pregunta es quiénes autorizaron estas operaciones, qué controles realizaron y si existieron advertencias que fueron ignoradas.
La caída de Ueno Bank ya no puede analizarse únicamente como una crisis de una entidad financiera privada. La magnitud de los recursos públicos y jubilatorios comprometidos obliga a examinar las responsabilidades de quienes administraron, autorizaron y supervisaron inversiones multimillonarias.
El procedimiento de resolución bancaria, dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) mediante Resolución N.º 1, Acta N.º 49, del 2 de noviembre de 2026, y conocido públicamente al día siguiente, abrió un escenario de incertidumbre sobre la recuperación de fondos pertenecientes a trabajadores, jubilados y organismos estatales.
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La cuestión central no es solamente cuánto dinero recibió Ueno Bank, sino cómo consiguió concentrar semejante cantidad de recursos institucionales, especialmente entre 2024 y 2025.
El caso plantea una pregunta que merece una investigación profunda: ¿hubo una cadena de negligencias administrativas o existieron decisiones deliberadas para favorecer la captación de recursos por parte de un banco vinculado empresarialmente al entorno del poder político?
La posible complicidad debe investigarse, no darse por demostrada. Sin embargo, la existencia de procedimientos administrativos y calificaciones de riesgo no libera automáticamente de responsabilidad a quienes tenían la obligación de resguardar estos patrimonios.
IPS: el dinero de los jubilados terminó concentrado en Ueno Bank
Fondos identificados: aproximadamente G. 1,74 billones en CDA.
El Instituto de Previsión Social aparece como uno de los casos más delicados por la magnitud de sus inversiones. Se trata de recursos destinados a sostener las jubilaciones y pensiones de miles de trabajadores paraguayos.
Durante la administración de Jorge Magno Brítez Acosta, designado presidente del IPS el 16 de agosto de 2023, Ueno Bank experimentó un crecimiento extraordinario en la captación de fondos previsionales.
Entre los antecedentes documentados sobresalen las siguientes operaciones:
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29 de agosto de 2024: el Consejo de Administración aprobó una inversión de hasta G. 250.000 millones en bonos financieros a emitir por Ueno Bank. La autorización debe distinguirse de la efectiva ejecución del monto.
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3 de enero de 2025: mediante Resolución C.A. N.º 001-017/2025, se adjudicaron G. 380.000 millones en CDA a cinco años, con una tasa anual del 10,75%.
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Febrero de 2025: se registraron colocaciones por G. 93.000 millones y USD 1,5 millones.
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Marzo de 2025: se registraron otras colocaciones por G. 160.000 millones y aproximadamente USD 627.000.
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Julio de 2025: mediante Resolución C.A. N.º 47-007/2025, se adjudicaron G. 295.000 millones a seis años, con una tasa anual del 12,34%.
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Estas operaciones se desarrollaron bajo la conducción de Brítez y su Consejo de Administración.
Un examen de la Contraloría General de la República sobre las inversiones del IPS documentó que la participación de Ueno Bank en los CDA en guaraníes pasó del 1% en 2023 al 8,4% en 2024 y al 19,7% en 2025.
La concentración fue suficientemente significativa como para merecer observaciones sobre los riesgos de mantener una proporción elevada de recursos previsionales en una sola entidad financiera.
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¿Quiénes evaluaron el riesgo de semejante concentración? ¿Qué miembros del Consejo aprobaron cada operación? ¿Por qué se permitió que un mismo banco incrementara tan rápidamente su participación en los recursos jubilatorios?
No basta con afirmar que las colocaciones ofrecían tasas atractivas. El deber de las autoridades del IPS no consistía únicamente en buscar rentabilidad, sino también en preservar el capital de los asegurados.
MEF: G. 250.000 millones colocados durante la gestión de Fernández Valdovinos
Capital: G. 250.000 millones. Intereses futuros comprometidos: G. 123.838 millones.
Uno de los antecedentes más claros corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas.
El 28 de julio de 2025, mediante Resolución MEF N.º 338/2025, se autorizaron inversiones recomendadas por el Comité de Inversiones. El 31 de julio de 2025 se colocaron G. 250.000 millones de excedentes de la Caja Fiscal en CDA de Ueno Bank.
La operación se pactó a cinco años, con vencimiento el 30 de julio de 2030 y una tasa anual del 12,35%.
En ese momento, el ministro de Economía y Finanzas era Carlos Fernández Valdovinos, quien permaneció en el cargo hasta marzo de 2026. Por lo tanto, la colocación se concretó durante su administración, no durante la gestión del actual ministro, Óscar Lovera.
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El 5 de noviembre de 2026, bajo la administración de Lovera, el MEF presentó una denuncia penal contra directivos y otros posibles responsables de Ueno Bank, ante indicios de que la entidad habría proporcionado información financiera falsa o inexacta.
El ministerio sostuvo que, según los indicadores y calificaciones disponibles al momento de invertir, la entidad reunía las condiciones exigidas. También informó que había recibido pagos de intereses.
Ese argumento debe ser examinado por la Fiscalía, pero no elimina la necesidad de revisar las actuaciones del Comité de Inversiones y de todos los funcionarios que participaron en la adjudicación.
¿Quién recomendó entregar G. 250.000 millones a Ueno Bank? ¿Qué informes respaldaron la operación? ¿Qué controles posteriores se realizaron? ¿Quién verificó que la situación financiera del banco continuara siendo compatible con una inversión de semejante magnitud?
La denuncia presentada por el actual ministerio es un paso judicial importante, pero la investigación no debería detenerse exclusivamente en los administradores de la entidad financiera.
También corresponde reconstruir cómo se adoptó la decisión estatal y determinar si existieron incumplimientos en los controles de inversión.
Caja Bancaria: G. 186.250 millones y la responsabilidad de su Consejo de Administración
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines figura con aproximadamente G. 186.250 millones en la nómina de grandes depositantes de Ueno Bank.
El presidente de la Caja Bancaria durante el período 2024-2027 es el economista Roberto Simeón Núñez Núñez, cuya conducción está documentada desde 2024. Su firma consta en el Balance Anual de Gestión Pública correspondiente a ese ejercicio, presentado el 7 de marzo de 2025.
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No fue posible establecer con precisión las fechas de constitución de cada CDA ni identificar a los consejeros que votaron las operaciones específicas. Esa información deberá obtenerse de las actas del Consejo, los contratos de inversión y los registros financieros.
Tras la crisis de Ueno Bank, la Caja Bancaria informó el 4 de noviembre de 2026 que inició gestiones ante el BCP para proteger sus recursos previsionales.
Sin embargo, el comunicado deja una cuestión fundamental sin resolver: ¿qué controles aplicó la administración de Roberto Núñez antes de concentrar semejante cantidad de dinero en el banco?
Los aportes de los trabajadores bancarios no son recursos disponibles para asumir riesgos sin una evaluación rigurosa. Corresponde determinar si las operaciones se realizaron conforme a la política de inversiones y si los responsables actuaron oportunamente ante cualquier señal de deterioro financiero.
Caja de Itaipú: más de G. 100.000 millones y colocaciones que necesitan explicaciones
La Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú Binacional (Cajubi) reconoció, mediante comunicado del 4 de noviembre de 2026, inversiones por aproximadamente G. 100.692 millones en Ueno Bank.
La institución está presidida por Robert Osvaldo Noguera Palacios, al frente de un Consejo de Administración que constituye el órgano decisorio de la entidad.
Existen antecedentes de colocaciones en Ueno entre agosto y noviembre de 2025, por G. 13.500 millones durante ese período. Al 31 de diciembre de 2025, la memoria institucional registraba G. 41.300 millones en CDA de ese banco.
Ahora, el monto reconocido supera los G. 100.000 millones.
Esto representa una diferencia de aproximadamente G. 59.400 millones respecto del cierre de 2025, aunque todavía no se ha aclarado si toda esa diferencia corresponde a nuevas colocaciones de capital, intereses u otros componentes.
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La administración de Noguera Palacios debe explicar cuándo se constituyó cada inversión, qué tasas se pactaron, cuáles eran los vencimientos y quiénes participaron en las autorizaciones.
Resulta especialmente importante determinar si se realizaron nuevas colocaciones durante 2026, cuando la supervisión bancaria ya estaba identificando irregularidades en Ueno.
La Caja sostiene que actuó siguiendo criterios técnicos, indicadores financieros y procedimientos vigentes. Su explicación debe contrastarse con las decisiones efectivamente adoptadas por el Consejo.
No se puede reclamar transparencia a los administradores de un banco privado y, al mismo tiempo, aceptar que una institución previsional mantenga sin aclarar las fechas y condiciones de inversiones multimillonarias.
Caja de Jubilaciones de la ANDE: dos administraciones bajo examen
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE aparecía inicialmente en un listado de depositantes con G. 30.000 millones. Sin embargo, su comunicación posterior informó una exposición total de G. 43.092.597.098, equivalente al 2,5% de sus activos.
Hay dos administraciones que deben examinarse al reconstruir la cronología de estas inversiones.
Hasta el 30 de septiembre de 2025, la presidencia de la Caja estuvo a cargo de Carlos Miguel Decoud Fernández.
El 1 de octubre de 2025 asumió como presidente Alan Patrick Achar Espínola, designado mediante Decreto N.º 4647 del 30 de septiembre de ese año.
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Hasta ahora, no se ha precisado qué parte de los recursos se colocó durante la gestión de Decoud y qué parte durante la presidencia de Achar.
Esa distinción es fundamental. No sería correcto atribuir una operación específica al actual presidente sin verificar su fecha y la resolución que la autorizó.
La Fiscalía debería requerir las actas, las recomendaciones técnicas, los vencimientos y los movimientos de renovación de inversiones.
La administración de Achar también debe explicar cuáles fueron las medidas de control y seguimiento aplicadas desde octubre de 2025.
ANDE: dinero para obras también quedó comprometido
La Administración Nacional de Electricidad constituye otro capítulo preocupante de la crisis.
La estatal reconoció depósitos en Ueno Bank por aproximadamente USD 46 millones procedentes de financiamiento para obras, además de unos G. 36.000 millones de recursos propios.
En este caso, las administraciones relevantes son las de Félix Sosa, presidente de la ANDE hasta julio de 2026, y Miguel Ángel Báez Reyes, quien asumió el 28 de julio de 2026.
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No están identificadas públicamente las fechas exactas en que ingresó cada desembolso a Ueno ni las autoridades que instruyeron su depósito.
También debe distinguirse el dinero de la ANDE de los recursos de su Caja de Jubilaciones, porque corresponden a patrimonios y administraciones diferentes.
Aquí no solamente está en juego la recuperación de capital. También corresponde investigar si la inmovilización de fondos puede afectar los proyectos financiados mediante préstamos internacionales, sus cronogramas de ejecución y el cumplimiento de compromisos de la estatal.
Las autoridades identificadas y las fechas conocidas
| Institución | Autoridades durante el período relevante | Fechas de colocación verificadas |
|---|---|---|
| IPS | Jorge Magno Brítez Acosta | Autorización de agosto de 2024; colocaciones de enero, febrero, marzo y julio de 2025 |
| MEF / Caja Fiscal | Carlos Fernández Valdovinos | 31 de julio de 2025 |
| Caja Bancaria | Roberto Simeón Núñez | Pendientes de documentación individual |
| Cajubi | Robert Osvaldo Noguera Palacios | Colocaciones entre agosto y noviembre de 2025; faltan fechas posteriores |
| Caja de la ANDE | Carlos Decoud y Alan Achar | Pendientes de documentación individual |
| ANDE | Félix Sosa y Miguel Báez | Pendientes las fechas de los depósitos y desembolsos |
Los nombres identifican a quienes ejercían la conducción institucional en los períodos señalados. No significan, por sí solos, que hayan firmado cada inversión ni que exista responsabilidad penal comprobada.
Más de G. 2,3 billones: una concentración que exige una investigación de Estado
Sumando únicamente los saldos identificados del IPS, MEF, Caja Bancaria, Cajubi y Caja de Jubilaciones de la ANDE, la exposición supera los G. 2,3 billones, sin incluir los fondos propios de la ANDE ni sus recursos provenientes de préstamos.
Este volumen de dinero exige una investigación que no se limite a las operaciones internas de Ueno Bank.
El proceso también debe alcanzar las decisiones adoptadas por los organismos que entregaron los recursos, los controles de sus consejos de administración y las actuaciones de los supervisores financieros.
El expresidente del BCP, Carlos Carvallo, estaba al frente de la banca matriz cuando comenzaron las investigaciones técnicas que identificaron indicios de operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador de Ueno Bank, a partir de junio de 2026.
La intervención del BCP y el posterior procedimiento de resolución hacen indispensable reconstruir qué información se encontraba disponible para los organismos públicos y qué alertas pudieron recibir durante ese período.
El escándalo ya llegó a la Fiscalía
El 5 de noviembre de 2026, un grupo de legisladores presentó una ampliación de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que incluyó al presidente Santiago Peña, integrantes del Directorio del BCP y autoridades de instituciones públicas y previsionales vinculadas con las colocaciones.
Entre los firmantes figuran Éver Villalba, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Johanna Ortega, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes.
Los denunciantes plantean investigar una posible red de complicidad y omisiones en el manejo de recursos estatales. Se trata de señalamientos sujetos a investigación judicial y no de responsabilidades ya demostradas.
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¿Quiénes fueron cómplices, quiénes fueron negligentes y quiénes miraron hacia otro lado?
La investigación debe responder si las inversiones fueron decisiones financieras legítimas basadas en información posteriormente falseada, si existieron fallas de diligencia y control o si determinados funcionarios actuaron conscientemente para favorecer intereses particulares.
Para llegar a esas respuestas, el Ministerio Público necesita acceder a las resoluciones de adjudicación, actas de votación, informes de riesgo, recomendaciones de los comités de inversiones, comunicaciones con Ueno Bank y documentación de las renovaciones de depósitos.
También debe determinar si existieron conflictos de intereses o presiones políticas y si alguna autoridad recibió advertencias que decidió desatender.
El presidente Santiago Peña enfrenta un cuestionamiento especialmente delicado por los vínculos empresariales que mantuvo anteriormente con el entorno de Ueno. Sin embargo, esos antecedentes no sustituyen la prueba necesaria para atribuirle participación personal en las colocaciones ni complicidad penal.
La responsabilidad política del Gobierno por el funcionamiento de sus instituciones debe distinguirse de la responsabilidad administrativa y penal de cada funcionario.
El país necesita saber si Ueno Bank captó miles de millones de guaraníes por decisiones financieras justificadas, por controles deficientes o gracias a la intervención de autoridades que actuaron para beneficiar a intereses particulares.
Porque el dinero que quedó comprometido no pertenecía a quienes firmaron las resoluciones. Pertenecía a trabajadores, jubilados, pensionados y al patrimonio público.
Y si se comprueba que hubo complicidad, la responsabilidad no puede terminar en los directivos del banco. También deberá alcanzar a quienes, desde el aparato estatal, hayan facilitado irregularmente estas operaciones.
La justicia tiene ahora la obligación de investigar toda la cadena de decisiones. El silencio institucional, la falta de rendición de cuentas y las explicaciones incompletas ya no pueden ser suficientes ante una crisis de esta magnitud.