Una denuncia penal contra Francisco Ruiz Díaz cuestiona el pago de G. 155 millones a un oficial de justicia, posibles condonaciones de intereses y decisiones que habrían impedido recuperar tierras en el Chaco. Los tres juicios señalados involucraban deudas por más de G. 6.228 millones.

El manejo de créditos y tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) quedó señalado en una denuncia penal contra su presidente, Francisco Ruiz Díaz, y personas innominadas, por supuesta lesión de confianza y otros hechos punibles que pudieran surgir de una investigación.

El escrito fue firmado por el abogado Weldon Walter Black Zaldívar y lleva un sello de recepción del Ministerio Público del 29 de octubre de 2026. Plantea investigar decisiones administrativas vinculadas con tres juicios ejecutivos por inmuebles adjudicados en Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay.

Los procesos corresponden a Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart. Según las liquidaciones citadas en la denuncia, las obligaciones acumuladas a mayo de 2024 sumaban G. 6.228.970.226, entre capital e intereses. Ese monto corresponde a las deudas reclamadas y no constituye, por sí mismo, un perjuicio comprobado.

G. 155 millones para un oficial de justicia

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la Resolución de Presidencia N.º 1934/2024, del 25 de septiembre de 2024, mediante la cual se autorizó el pago de G. 155.724.255 al oficial de justicia Osvaldo Maldonado Ramoa, por el diligenciamiento de mandamientos de intimación de pago y embargo en los tres expedientes.

El denunciante sostiene que el monto fue calculado sobre un 2,5% de las sumas reclamadas, IVA incluido, sin regulación judicial previa de honorarios. Contrapone ese porcentaje con el límite del 1% que, según la disposición legal invocada en el escrito, corresponde considerar para esos trabajos.

También señala que la autorización fue emitida antes de la ejecución de los mandamientos, que sitúa el 15 de octubre de 2024, y cuestiona la ausencia de otros presupuestos y criterios de selección.

Otro punto observado es una factura por G. 102.780.232, emitida el 26 de septiembre de 2024, cuya descripción, de acuerdo con la denuncia, menciona únicamente el juicio contra Bobadilla. El abogado solicita que la Fiscalía verifique la documentación, los desembolsos y si los gastos fueron recuperados de los deudores.

Tierras que no fueron recuperadas

El segundo eje de la denuncia cuestiona por qué el INDERT optó por cobrar las deudas y posteriormente dar por terminados los procesos, en lugar de impulsar la recuperación de los inmuebles ante la mora.

El escrito invoca disposiciones del Estatuto Agrario sobre incumplimientos de tres anualidades consecutivas y pide establecer si correspondía rescindir las adjudicaciones, así como verificar posibles excepciones, notificaciones y otras circunstancias que justificaran el procedimiento adoptado.

El caso de Bobadilla ocupa un lugar central. Según el denunciante, existía un pago anterior a la titulación de G. 539.613.043, pero se habían dejado de abonar las cuotas posteriores, con mora registrada desde 2016.

La denuncia sostiene que las autoridades debían esclarecer la procedencia de recuperar el inmueble antes de disponer el cierre del juicio y el levantamiento de las medidas judiciales.

Descuentos de intereses bajo cuestionamiento

El abogado también pide investigar la aplicación de descuentos sobre intereses y multas por mora. Cita un régimen excepcional aprobado en enero de 2025 y comunicaciones institucionales que anunciaban descuentos del 65% sobre intereses moratorios.

Su cuestionamiento apunta a determinar qué conceptos fueron efectivamente exonerados, con qué respaldo legal y si las reducciones alcanzaron intereses punitorios que, según su planteamiento, no podían ser condonados en esas condiciones.

El escrito menciona posibles exoneraciones superiores a G. 1.000 millones, pero reconoce que su alcance y una eventual pérdida deben corroborarse mediante los registros administrativos y contables.

Asimismo, solicita verificar el origen, la forma de pago y el ingreso efectivo de G. 3.537.677.720 vinculados con la liquidación del caso Bobadilla.

Juicios cerrados y un supuesto arrendamiento

Según los antecedentes reseñados en la denuncia, resoluciones judiciales de mayo y junio de 2025 dieron por concluidos los tres procesos y dispusieron el levantamiento de medidas y su archivo.

El denunciante pide contrastar las manifestaciones de pago realizadas por las representantes del INDERT con los ingresos efectivos, para establecer si se cobraron todos los conceptos reclamados.

En el expediente de Olmedo, además, señala una notificación judicial de julio de 2024 que hace referencia a la presencia de un supuesto arrendatario en el inmueble. Solicita investigar si esa situación resultaba compatible con las obligaciones del adjudicatario, considerando la deuda pendiente.

Piden revisar resoluciones, pagos y responsabilidades

Black Zaldívar solicita al Ministerio Público copias completas de los expedientes judiciales, resoluciones del INDERT, estados de cuenta, facturas y constancias de pago. También requiere información tributaria para contrastar los antecedentes económicos señalados.

El planteamiento exige esclarecer si las decisiones permitieron cobrar legalmente los créditos o si ocasionaron una pérdida de recursos públicos mediante gastos no recuperados, descuentos improcedentes o la falta de recuperación de tierras.

El documento acredita la presentación de la denuncia, pero no contiene una imputación ni una resolución fiscal sobre el fondo de las acusaciones. Tampoco incorpora un descargo de Ruiz Díaz. Las responsabilidades y el eventual perjuicio patrimonial deberán determinarse mediante la investigación correspondiente.