Mientras instituciones públicas, binacionales y cajas de jubilaciones recurren a la Justicia para recuperar sus fondos, una pregunta sigue sin una respuesta suficientemente clara: ¿quiénes decidieron colocar semejantes sumas de dinero en Ueno Bank, bajo qué criterios y con qué autorizaciones? La investigación no puede limitarse a los directivos del banco. También debe alcanzar a quienes tomaron las decisiones desde el propio Estado.
La crisis de Ueno Bank dejó al descubierto algo mucho más preocupante que la caída de una entidad financiera: la enorme concentración de recursos públicos y previsionales en un banco que, en pocos años, pasó a administrar depósitos multimillonarios provenientes de distintas instituciones del Estado paraguayo.
El Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Economía y Finanzas, Petropar, la ANDE, Itaipú Binacional, cajas de jubilaciones y otras entidades aparecen entre las instituciones cuyos fondos quedaron expuestos a las consecuencias del procedimiento de resolución bancaria.
De acuerdo con cifras divulgadas tras la intervención, los recursos estatales colocados en Ueno Bank rondaban los 810 millones de dólares a finales de septiembre de 2026. El IPS, por su parte, reconoció una exposición superior a los 500 millones de dólares, incluyendo inversiones y cuentas operativas, según datos conocidos posteriormente.
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Hoy aparecen denuncias penales, comunicados institucionales, pedidos de recuperación de fondos y declaraciones de autoridades que buscan respuestas.
Pero ¿dónde estaban esas mismas autoridades cuando se decidió depositar el dinero?
¿Quién dio la orden y quién firmó?
Desde Canal-E planteamos una cuestión que debe ocupar un lugar central en la investigación: identificar a cada funcionario que intervino en la selección de Ueno Bank como receptor de recursos públicos.
Porque esos millones de dólares no llegaron al banco por casualidad.
Detrás de cada depósito, inversión, renovación de certificados o transferencia institucional debieron existir procedimientos administrativos, decisiones financieras y funcionarios con responsabilidades concretas.
¿Quién propuso elegir Ueno Bank? ¿Quién evaluó su solvencia? ¿Quién recomendó las colocaciones? ¿Quién aprobó los montos? ¿Existieron instrucciones de autoridades superiores o presiones políticas para favorecer a esta entidad financiera?
Estas preguntas no pueden quedar sepultadas bajo una montaña de denuncias contra los directivos del banco.
¿Por qué Ueno Bank y no otras entidades financieras?
Para una empresa privada que busca contratar con el Estado, los procedimientos suelen exigir documentación, antecedentes, capacidad financiera, experiencia y otros requisitos establecidos en cada convocatoria.
Sin embargo, Ueno Bank, que adquirió la condición de banco a finales de 2023, consiguió posicionarse rápidamente entre los principales receptores de recursos estatales.
Según datos recogidos en la investigación fiscal, al 31 de agosto de 2025 concentraba el 24,5 % de los depósitos públicos en dólares y el 18,7 % de los depósitos en guaraníes.
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¿Qué condiciones extraordinariamente favorables ofrecía Ueno Bank para captar semejante volumen de dinero público en tan poco tiempo?
Es indispensable conocer los concursos de tasas, los informes técnicos, las evaluaciones de riesgo, las actas de aprobación y las autorizaciones que respaldaron cada operación.
La antigüedad de una entidad no constituye necesariamente un impedimento legal para recibir depósitos. Sin embargo, su trayectoria, fortaleza patrimonial, situación regulatoria y capacidad para administrar grandes concentraciones de recursos debieron formar parte de las evaluaciones correspondientes.
La ciudadanía merece saber si esas evaluaciones realmente se realizaron o si existieron decisiones tomadas de antemano.
Los responsables públicos también deben rendir cuentas
La Fiscalía ya abrió investigaciones que abarcan no solamente las operaciones de Ueno Bank, sino también la colocación de fondos públicos y las actuaciones de autoridades y exautoridades estatales.
Ministerio Público
Ese es el camino que debe profundizarse.
No basta con que un presidente de ente, un ministro o un director de una binacional presente una denuncia penal y pretenda quedar automáticamente al margen de cualquier responsabilidad.
Debe determinarse quiénes ejercían los cargos cuando se autorizaron las inversiones, quiénes integraban los comités responsables, qué recomendaciones recibieron y qué controles aplicaron.
Incluso corresponde investigar si alguna autoridad fue advertida de riesgos y, pese a ello, decidió mantener o incrementar las colocaciones.
Presentarse hoy como institución perjudicada no elimina la obligación de explicar cómo, por qué y por decisión de quién llegaron esos recursos al banco.
La eventual responsabilidad administrativa, civil o penal de los funcionarios deberá determinarse mediante pruebas y respetando el debido proceso. Pero esa exigencia de prueba no puede convertirse en excusa para evitar la investigación.
El dinero público no tiene dueño político
Los fondos de las instituciones públicas pertenecen al Estado y deben administrarse conforme a sus finalidades legales. Los recursos previsionales, además, están destinados a garantizar derechos de trabajadores, jubilados y pensionados.
No pueden utilizarse como instrumentos de favoritismo empresarial ni como mecanismos para beneficiar a determinados grupos económicos.
Si se comprueba que alguna autoridad orientó deliberadamente depósitos públicos para favorecer a una entidad, sin respetar los procedimientos y obligaciones correspondientes, deberá responder ante la Justicia.
Y si se descubre que existieron órdenes políticas, también será necesario identificar de dónde provinieron.
La investigación debe empezar donde se tomó cada decisión
La recuperación del dinero es urgente, pero no es suficiente.
La Fiscalía debe reconstruir la ruta de los fondos desde cada institución hasta Ueno Bank, identificar las decisiones administrativas y financieras y establecer si existieron irregularidades, omisiones de control o posibles conflictos de intereses.
La gran pregunta ya no es solamente qué hicieron los directivos de Ueno Bank con el dinero. También es quiénes, desde el Estado, decidieron ponerlo en sus manos.
Porque sería inadmisible que los mismos funcionarios que autorizaron operaciones millonarias pretendan cerrar este capítulo con una simple denuncia penal y ninguna explicación sobre sus propias actuaciones.
Que respondan los banqueros, pero que también respondan los ministros, presidentes de entes, directores financieros y todas las autoridades que intervinieron en las decisiones.
El Estado no puede presentarse únicamente como víctima sin investigar también las responsabilidades dentro de sus propias instituciones.