La crisis de Ueno Bank, la renuncia presentada por Santiago Peña y la disputa por el control del Gobierno vuelven a colocar a Horacio Cartes en el centro de la escena política. Pero hay una pregunta que no puede quedar enterrada bajo los escombros: ¿quién responde por las consecuencias de un proyecto político que él mismo construyó y promovió?

Qué tremenda paradoja la de la política paraguaya. Cuando muchos creían que Horacio Cartes había perdido protagonismo, el expresidente vuelve a ocupar el centro del tablero. No necesariamente para responder por los errores de su proyecto político, sino para intentar conducir una nueva etapa del mismo poder que ayudó a construir.

El lobo nunca se había ido. Simplemente esperaba el momento de volver a mostrar quién manda.

La crisis de Ueno Bank no solamente sacudió al sistema financiero. También dejó al descubierto las fracturas de una estructura política que durante años se presentó ante la ciudadanía como garantía de estabilidad, capacidad administrativa y prosperidad económica.

Santiago Peña llegó a la Presidencia como el rostro de un proyecto impulsado por Horacio Cartes. Pedro Alliana fue consolidado como una de sus principales figuras. Ambos fueron presentados como dirigentes preparados para conducir el Paraguay hacia un futuro mejor.

Hoy, ante la magnitud de la crisis, corresponde preguntarse: ¿dónde termina la responsabilidad de quienes ejercieron el Gobierno y dónde comienza la de quien promovió, respaldó y sostuvo políticamente a sus protagonistas?

Porque Cartes no puede pretender quedarse únicamente con los méritos de sus elegidos y desentenderse de sus fracasos.

No puede presentarlos como los mejores cuando ganan elecciones y tratarlos como responsables exclusivos cuando el proyecto se derrumba.

La responsabilidad política no desaparece con una declaración partidaria ni se borra cambiando las fichas del tablero.

Santiago Peña presentó su renuncia en medio del escándalo financiero, pero el Congreso no la había aceptado formalmente y el juicio político continuaba este viernes.
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Mientras tanto, el cartismo buscaba reorganizar sus fuerzas alrededor de una eventual sucesión presidencial.

Y allí aparece el problema de fondo: la pelea por conservar el poder puede terminar desplazando la urgencia de resolver los problemas de la ciudadanía.

Mientras miles de familias intentan recuperar la tranquilidad, mientras los ahorristas reclaman respuestas y casi tres millones de clientes enfrentan las consecuencias de la crisis bancaria, la dirigencia política disputa posiciones, cargos, respaldos y espacios de influencia.

Para la gente, la preocupación es recuperar sus ahorros. Para los dirigentes, el desafío parece ser conservar el control.

Esa diferencia debería avergonzar a toda la clase política.

Hay algo profundamente preocupante en un sistema donde la discusión sobre el futuro del país queda subordinada a la necesidad de preservar el liderazgo de una sola persona.

La Presidencia de la República no puede convertirse en una oficina subordinada a un jefe partidario. El Estado no es una empresa privada. Los ministros no son empleados de un patrón político. Y el pueblo paraguayo no es propiedad de ningún movimiento.

Horacio Cartes tiene derecho a ejercer liderazgo dentro de su partido. Lo que merece un debate público mucho más profundo es la concentración de influencia sobre las decisiones del Estado, particularmente cuando ese mismo proyecto enfrenta una crisis de semejante magnitud.

¿Se está buscando una solución institucional para el Paraguay o una salida que permita conservar intacta la estructura de poder?

¿Importa realmente recuperar la confianza de la ciudadanía o resulta más urgente preservar el título de líder indiscutido?

Porque existe una forma de egoísmo político especialmente peligrosa: aquella que coloca la supervivencia del liderazgo personal por encima de las consecuencias que soporta toda una nación.

Y cuando esa lógica se impone, las instituciones corren el riesgo de convertirse en instrumentos de una disputa interna por el mando.

Cartes respaldó a Peña. Cartes respaldó a Alliana. Cartes fue uno de los principales arquitectos de este proyecto político. Por eso, cualquier evaluación seria de sus resultados debe incluir también su papel en la construcción y sostenimiento de ese liderazgo.

No se puede ser el padre político de los triunfos y pretender convertirse en un simple espectador de las derrotas.

Tampoco corresponde convertir las responsabilidades políticas en condenas penales anticipadas. Las investigaciones deberán establecer quiénes participaron en eventuales hechos ilícitos y qué responsabilidades corresponden a cada persona.

Pero la responsabilidad política exige otra discusión: la de quienes tomaron decisiones, designaron autoridades, concentraron influencia y defendieron públicamente un modelo de gobierno.

Ahora, cuando el edificio comienza a agrietarse, resulta inevitable preguntarse si el objetivo es reconstruir la confianza pública o solamente salvar la estructura del poder cartista.

Paraguay no necesita otro espectáculo de dirigentes disputándose quién es el único líder, quién manda más, quién conserva los ministerios o quién logra controlar el próximo Gobierno.

Necesita explicaciones. Necesita justicia. Necesita transparencia. Y, fundamentalmente, necesita instituciones que respondan a los ciudadanos antes que a los intereses de cualquier padrino político.

Porque lo verdaderamente grave no sería solamente la caída de un presidente o el derrumbe de un banco. Sería que, después de semejante crisis, nada cambie y los mismos sectores continúen disputándose el país como si fuera una herencia familiar.

La historia política paraguaya ya conoce demasiado bien las consecuencias de confundir liderazgo con propiedad, lealtad con obediencia y gobierno con dominio personal.

El país no puede seguir pagando el costo de las ambiciones de quienes consideran que perder el control del poder es peor que perder la confianza de la ciudadanía.

Y aquí está la gran contradicción de este momento histórico: quien ayudó a construir el proyecto político ahora cuestionado busca posicionarse nuevamente como una figura central para conducir su reorganización.

El lobo nunca se fue. Pero la verdadera pregunta ya no es si sigue teniendo poder. La pregunta es cuánto más tendrá que pagar el pueblo paraguayo por las disputas de quienes quieren conservarlo a cualquier precio.

Porque Paraguay no necesita un dueño.

Paraguay necesita un Gobierno que recuerde, de una vez por todas, que el único soberano es el pueblo.