La posibilidad de promover un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, comienza a instalarse en el escenario político, en medio de fuertes cuestionamientos a su gestión y a las respuestas institucionales frente a denuncias que involucran a figuras del poder.
En las últimas horas, la diputada nacional Rocío Vallejo elevó el tono de sus críticas contra el titular del Ministerio Público, a quien reclamó utilizar todos los recursos institucionales disponibles para investigar la crisis de Ueno Bank y brindar respuestas a los miles de afectados.
La legisladora consideró insuficiente la asignación de apenas cuatro agentes fiscales para atender la complejidad del caso y responsabilizó a Rolón por las limitaciones que, a su criterio, podrían comprometer la eficacia de la persecución penal.
«Si no va a estar a la altura del desastre que vivimos, haga el favor y váyase de una buena vez», expresó Vallejo en un contundente pronunciamiento dirigido al fiscal general.
Pero los cuestionamientos no se limitan al caso financiero. La abogada Alejandra Peralta Merlo también planteó públicamente la necesidad de impulsar un juicio político contra Rolón, cuestionando su actuación frente a la denuncia de Luz Candado sobre la presunta existencia de sobres y fajos de dólares en Mburuvicha Róga.
Peralta Merlo sostuvo que las declaraciones públicas del fiscal general habrían restado importancia a las revelaciones y condicionado el avance de las investigaciones. En ese contexto, instó tanto al oficialismo como a la oposición a promover el enjuiciamiento político del titular del Ministerio Público.
La profesional también reclamó informes sobre la carpeta fiscal y una interpelación urgente, además de plantear que se investigue una eventual obstrucción.
Un nuevo frente en el Congreso
Si bien hasta el momento estos planteamientos no equivalen a la presentación formal de un libelo acusatorio, la posibilidad de recurrir al mecanismo constitucional del juicio político comienza a formar parte de la discusión pública.
El artículo 225 de la Constitución Nacional contempla el juicio político para el fiscal general del Estado por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes.
La discusión, por tanto, podría trasladarse al ámbito legislativo si los sectores que cuestionan su gestión deciden convertir sus reclamos en una iniciativa formal.
Por ahora, el interrogante es si las críticas contra Rolón quedarán en declaraciones públicas o si finalmente encontrarán respaldo político suficiente para abrir un nuevo proceso de juicio político en el Congreso Nacional.