El abogado pidió examinar la actuación de Solventa & Riskmétrica, FIX SCR y Fitch Ratings, determinar qué informes emitió cada firma y esclarecer sus posibles responsabilidades en el caso Ueno y en las emisiones de deuda de ITTI y Grupo Vázquez.

El abogado Óscar Tuma reclamó una investigación sobre la actuación de las calificadoras de riesgo en el caso Ueno y en las emisiones de deuda de ITTI y Grupo Vázquez. En un pronunciamiento remitido a Canal E a través de Instagram, sostuvo que estas empresas deben rendir cuentas sobre sus evaluaciones y la información que utilizaron para elaborarlas.

“Las calificadoras de riesgo también deben ser investigadas”, expresó Tuma. Su planteamiento menciona a Solventa & Riskmétrica, FIX SCR y Fitch Ratings, aunque pide identificar específicamente los informes que efectivamente emitió cada una, los documentos que recibió y los fundamentos de sus conclusiones.

El abogado señaló que las evaluaciones pueden influir en decisiones que comprometen ahorros particulares y recursos jubilatorios. Por ese motivo, afirmó que esta actividad exige independencia, rigor técnico y una comunicación clara de los riesgos.

Qué pide esclarecer

Tuma planteó que la investigación determine si las calificaciones reflejaban razonablemente la situación financiera conocida en el momento de su emisión. También solicitó verificar si existieron advertencias, inconsistencias o información relevante que no fueron consideradas o comunicadas oportunamente.

Otro de los puntos señalados es la eventual existencia de conflictos de interés y la manera en que fueron declarados y gestionados.

Asimismo, pidió establecer qué incidencia tuvieron los informes en las colocaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y en las decisiones de quienes adquirieron bonos. El planteamiento apunta a reconstruir qué información estaba disponible y cómo fue evaluada antes de esas operaciones.

Preservar documentos e identificar a los responsables de las evaluaciones

El abogado reclamó la preservación de los expedientes de calificación, las actas de los comités, los documentos analizados y las comunicaciones mantenidas con los emisores.

“Hay que identificar quién evaluó, quién aprobó y qué información tenía”, sostuvo.

Según su planteamiento, esa documentación debe permitir examinar el trabajo de cada calificadora y determinar si existieron incumplimientos, negligencia o actuaciones deliberadas que hayan contribuido a causar daños.

Tuma sostuvo que, si esas conductas se comprueban, deben establecerse las responsabilidades administrativas, civiles y, cuando corresponda, penales.

Un reclamo de investigación independiente

“Las calificadoras deben rendir cuentas por su propio trabajo”, manifestó el abogado, quien reclamó respuestas documentadas para los ahorristas, los inversionistas y los trabajadores del IPS.

El pronunciamiento constituye un pedido de investigación y no informa sobre una denuncia formal presentada contra las firmas mencionadas. Tampoco individualiza calificaciones concretas ni acredita responsabilidades: precisamente, solicita que esos aspectos sean esclarecidos mediante una revisión independiente.